CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente Jimmy Morales justificó el jueves su decisión de poner fin al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y dijo que ello no pondrá en riesgo las investigaciones sobre corrupción en el país.

En conferencia de prensa el mandatario explicó sus decisiones más recientes sobre el tema, después de que el viernes anunciara que no renovaría el mandato de la CICIG cuando falta un año para que finalice. Después prohibió el regreso del comisionado Iván Velásquez, quien se encontraba en Washington y es titular de ese organismo de las Naciones Unidas que junto con la fiscalía ha investigado redes locales de corrupción.

“El Estado de Guatemala respetará el mandato vigente de la CICIG y estaremos anuentes a impulsar metodología eminentemente técnica (para continuar las pesquisas)”, dijo el presidente.

Morales agregó que lamentaba la pasividad de la ONU para resolver las diferencias que desde 2017 él había manifestado tener con la CICIG. Aquellas tensiones se desataron cuando la comisión y la fiscalía pidieron retirar su inmunidad para investigarlo por supuestos delitos electorales, y en contraataque él pidió a la ONU que destituyera a Velásquez. Sin embargo, el organismo internacional argumentó que no había fundamentos para ello.

La canciller guatemalteca Sandra Jovel criticó el jueves a la CICIG por no haber emitido sentencias, algo que no habría sido posible porque sólo el poder judicial dispone de esa facultad.

Asimismo, se dirigió al secretario general de la ONU, António Guterres, diciéndole: “Usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional, que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos; hacerlo vulnera la soberanía de los Estados”.

En su discurso del día, Morales volvió a amenazar que “no está obligado a acatar resoluciones ilegales”. El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que el mandatario se refería a los fallos que la Corte de Constitucionalidad ha emitido para frenar las decisiones de Morales con respecto a la CICIG.

Ante la negativa de permitir el ingreso de Velásquez a Guatemala, Guterres le pidió el miércoles al comisionado que encabece la comisión desde fuera del país mientras se solventa la situación.

Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció en un comunicado de prensa que habló por teléfono con Morales, a quien le habría reiterado su apoyo “a la soberanía guatemalteca”. Pompeo dijo que Washington apoya el “trabajo continuo de Estados Unidos para una CICIG reformada, y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala en la ejecución de las reformas durante el año que viene”.

Las investigaciones de la CICIG han tocado las más altas esferas empresariales y del gobierno involucradas en actos de corrupción.

Esta es la segunda vez que el mandatario intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que la Comisión y la entonces fiscal general Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por presuntamente ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona no grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

El presidente actualmente enfrenta una tercera solicitud de retiro de inmunidad para que pueda ser investigado por delitos electorales.

La semana pasada el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del mandatario. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno.