LA PAZ (AP) — Estados Unidos volvió a desatar la molestia del presidente boliviano Evo Morales.

Dos días después de que el Tribunal Constitucional de Bolivia emitiera un fallo que permitiría que el mandatario persiguiera una eventual reelección, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado el miércoles para mostrar su “profunda” preocupación ante la decisión. Sin embargo, Morales rechazó los comentarios y dijo el jueves que no necesita permiso de aquel país para buscar una nueva candidatura aunque esa nación consideró que la decisión del tribunal no tomaba en cuenta el pronunciamiento del pueblo boliviano.

Aunque ahora el presidente ha quedado habilitado para postularse por un cuarto mandato consecutivo, antes estaba prohibido en la Constitución y Morales tenía en su contra los resultados de un referendo realizado en 2016, que perdió con 51%.

“Esto es una intromisión. Se está cuestionando el fallo del Tribunal Constitucional. Pensarán que otra vez van a seguir dominando Bolivia. Ellos no tienen nada que ver en Bolivia. Este es un país digno y soberano no necesita de intromisiones”, dijo Morales en un acto público en la región de Cochabamba.

El documento estadounidense ante el que reaccionó Morales decía: “Los bolivianos han hablado claramente sobre esta cuestión. Los Estados Unidos se les unen para pedir al actual gobierno boliviano que respete el resultado, como la voz de la gente, de acuerdo con sus requisitos constitucionales”.

El fallo emitido el martes por el tribunal hizo prevalecer los derechos políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos para los ciudadanos por encima de la Constitución aprobada por el propio Morales en 2009, la cual sólo permite una reelección consecutiva.

La noche del miércoles hubo muestras contrastantes de apoyo y de descontento contra la decisión del tribunal en Bolivia. En la ciudad de Santa Cruz, jóvenes salieron a protestar contra el organismo y tras un choque con la policía hubo tres detenidos, informó el comandante de la policía, Abel de la Barra.

La oposición política acusó al gobierno de manipular a la justicia y dijo que es un “día negro para la democracia boliviana” y tildó la decisión de “golpe a la Constitución y al pueblo”, según declararon por separado el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, y el empresario Samuel Doria Medina, líder de la centroderechista Unidad Nacional, la principal fuerza opositora.