MADRID (AP) — Una jueza encarceló el jueves a nueve ex integrantes del gobierno separatista de Cataluña, y deliberaba emitir una posible orden internacional de arresto para el ex presidente regional Carles Puigdemont, quien se quedó en Bélgica mientras los otros se presentaron ante un tribunal en Madrid para ser interrogados por sus esfuerzos para escindirse de España.

Puigdemont y su gabinete de 13 integrantes están siendo investigados por rebelión, sedición y malversación por sus acciones para declarar la independencia catalana. El gobierno español los destituyó el 27 de octubre y fueron citados para presentarse el jueves ante la Audiencia Nacional.

Después de que los nueve miembros del gabinete catalán que se presentaron fueron interrogados, una jueza envió a ocho a la cárcel sin derecho a fianza. Del otro se ordenó que permanezca detenido y se le fijó una fianza de 50.000 euros (58.300 dólares). Horas después, los siete hombres y dos mujeres fueron retirados de la corte en camionetas de la policía y asignados a cárceles en el área de Madrid.

Mientras tanto, miles de manifestantes salieron a las calles de ciudades catalanas para condenar las detenciones, que otros políticos separatistas y funcionarios electos tacharon como un ataque a las ideas.

Marta Rovira, una política cada vez más destacada en el Partido ERC catalán, de tendencia izquierdista, advirtió que no se darán por vencidos y lucharán hasta el final.

El gobierno español dijo que no hace comentarios sobre las decisiones de los jueces para adherirse a la división de poderes.

La magistrada investigadora Carmen Lamela ordenó que los funcionarios catalanes quedaran detenidos a solicitud de los fiscales, que también pidieron el jueves una orden de arresto internacional para Puigdemont. De acuerdo con el sistema legal español, los jueces investigadores pueden ordenar la detención de los sospechosos mientras una pesquisa _que en ocasiones demora meses_ determina si deberían fincárseles cargos.

Puigdemont apareció en Bélgica el martes con algunos de sus ex ministros, y afirmaron que allí buscaban “libertad y seguridad”. Él y cuatro de los funcionarios seguían en Bruselas el jueves.

Al preguntársele si Puigdemont se entregaría si se concede la orden de arresto, su abogado en Bélgica, Paul Bekaert, le dijo a The Associated Press: “Ciertamente que sí. O la policía vendrá por él”. Bekaert dijo que su cliente pretende cooperar con la policía belga.

Por otro lado, seis legisladores catalanes se presentaron el jueves en una sesión paralela ante el Tribunal Supremo. Se les dio una semana para que preparen su defensa y se les instruyó que regresen el 9 de noviembre a un interrogatorio.

En total, los fiscales españoles investigan a 20 políticos regionales por rebelión y otros delitos que son punibles hasta con 30 años de cárcel.

En un fallo escrito, la jueza de la Audiencia Nacional afirmó que los ocho encarcelados sin derecho a fianza habían planeado y ejecutado un plan desde 2015 para crear una república catalana independiente.

En el fallo se afirma que las actividades de los que están bajo investigación fueron meditadas y preparadas, desobedeciendo repetidas veces durante más de dos años las resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas a la independencia.

La jueza dijo que los ocho fueron encarcelados sin posibilidad de fianza debido al riesgo de que se den a la fuga o destruyan u oculten evidencia.

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Sylvain Plazy en Bélgica, Paolo Santalucía en Madrid, y Elena Becatoros en Barcelona contribuyeron con este despacho.