CARACAS (AP) — Dos magistrados nombrados la semana pasada por la Asamblea Nacional entre críticas del Tribunal Supremo de Justicia fueron detenidos por la policía política en el oriente de Venezuela, anunció el martes el Legislativo.

Los magistrados Jesús Rojas Torres y Zuleima González fueron apresados en el estado de Anzoátegui por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), indicó la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en su cuenta de Twitter.

Las detenciones de los dos juristas se dan tres días después del arresto del magistrado Ángel Zerpa, quien también fue nombrado la semana pasada por el Congreso. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional nombró y juramentó el 21 de julio a 13 magistrados y 20 suplentes del máximo tribunal en un abierto desafío al Tribunal Supremo —controlado por el oficialismo— que declaró nulo el acto de los congresistas e instruyó a las autoridades civiles y militares a tomar medidas de coerción contra los implicados en ese proceso.

El presidente Nicolás Maduro cuestionó la designación de ese grupo de magistrados y dijo el domingo que “uno a uno” irían presos.

El director de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó la víspera que un tribunal militar ratificó la detención de Zerpa. El jurista fue imputado del delito de traición a la patria y trasladado a una de las sedes de la policía política, donde permanecerá detenido mientras se le sigue juicio.

“Es gravísimo lo que está ocurriendo con las personas detenidas”, afirmó al respecto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al denunciar en conferencia de prensa que en el caso de Zerpa se está “violando la constitución” porque no se le permitió al jurista el acceso a su abogado, familiares y al Ministerio Público. Agregó que Zerpa, quien se declaró en huelga de hambre, debió asumir su propia defensa ante un juez militar.

Ortega Díaz, quien está enfrentada contra el gobierno luego de ser vinculada por años al oficialismo, denunció que hay “miles de venezolanos” recluidos en la sede de la policía política y otras cárceles a los que no se les respeta el debido proceso y que son tratados como “despojos humanos”.

El proceso contra los jueces nombrados por la Asamblea Nacional se da en medio de una creciente tensión política generada por unas protestas que se han extendido por más de cien días y que han dejado al menos 97 muertos, 1.500 detenidos y más de 500 detenidos.

“Vamos a decidir entre la paz y la guerra”, subrayó Maduro. La elección de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la carta magna tendrá lugar el 30 de julio.

Para Ortega Díaz, “Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento de ruptura de las normas básicas”. Agregó que se “pretende imponer la violencia política extrema como forma de resolver los problemas”.

La alta funcionaria indicó que el Ministerio Público ha recibido denuncias de beneficiarios de los programas estatales y de empleados públicos que “han sido amenazados” para que vayan a votar el domingo en la Constituyente. La fiscal hizo un llamado a los jueces, profesionales, universidades, empleados y militares a que defiendan la carta magna vigente.

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que sancionó al alcalde opositor de la localidad oriental de Lecherías, Gustavo Marcano, con quince meses de cárcel, la desincorporación de su cargo y la inhabilitación política por desacatar una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que mantenían cerradas los manifestantes con barricadas.

El máximo tribunal abrió procesos similares contra otros siete alcaldes opositores. En el 2014 la Corte sancionó con varios meses de cárcel y la desincorporación a los alcaldes opositores de la ciudad occidental de San Cristóbal y del municipio central de San Diego.