NACIONES UNIDAS (AP) — Tres cuartas partes de la población mundial vive en países donde se les restringe el derecho a tener una religión o creencias o enfrentan “un alto nivel de hostilidad social” por este motivo, dijo el martes un investigador especial de Naciones Unidas sobre derechos religiosos.

La intolerancia religiosa prevalece a nivel mundial y va en aumento, explicó Ahmed Shaheed al comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU.

En la actualidad, más de 70 países tienen leyes antiblasfemia que pueden ser utilizadas para reprimir opiniones disidentes, una violación de los estándares internacionales de derechos humanos, agregó.

Shaheed, un expolítico y experto en Derechos Humanos de Maldivas, instó a estas naciones a derogar las normas sobre blasfemia.

El investigador especial pidió además la anulación de todas las leyes que afecten al ejercicio del derecho a la libertad de culto o creencias, o que discriminan contra este derecho.

Shaheed pidió a los países que adopten y apliquen "sanciones penales adecuadas que castiguen los actos discriminatorios violentos y especialmente atroces perpetrados por estados o actores no estatales contra personas basándose en su religión o creencias”.

Los gobiernos deben prestar “especial atención” para cumplir la obligación de proteger a las minorías religiosas, apuntó.

"El aumento de las restricciones gubernamentales ilegales contra grupos religiosos sigue siendo uno de los factores primarios y más fundamentales que resultan de los altos niveles de intolerancia religiosa en cualquier sociedad”, dijo Shaheed.

Algunas formas de discriminación son directas, como la prohibición de algunas o todas las religiones y cultos, apuntó. Pero otras pueden ser indirectas, como leyes de zonificación que impiden la construcción de ciertos lugares de culto o vetos a refugiados o inmigrantes, "aparentemente por razones de seguridad nacional, de países donde la mayoría de la población pertenece a comunidades religiosas concretas”, agregó.

El investigador especial sobre libertad de culto y creencias es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Shaheed trabajó durante seis años reportando sobre los derechos humanos en Irán.