WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia intensificó el martes sus medidas contra las llamadas ciudades santuario, al informar que ya no les proporcionará las deseadas subvenciones a menos que le den a las autoridades federales de inmigración acceso a las cárceles y les avisen cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.

Bajo las viejas reglas, las ciudades que deseaban recibir subvenciones sólo debían mostrar que no obstaculizaban la comunicación entre las agencias locales del orden público y las autoridades de inmigración en relación al estatus migratorio de alguien detenido por ellos.

El anuncio fue efectuado mientras surgen preguntas sobre el futuro del secretario de Justicia Jeff Sessions como el máximo agente del orden público del país tras la despiadada crítica del presidente Donald Trump en su contra por retirarse de la pesquisa sobre la intromisión de Rusia en las elecciones.

Sessions y Trump se aliaron durante la campaña, en gran parte porque comparten el punto de vista de aplicar medidas enérgicas para reducir la inmigración ilegal. Desde hace tiempo Trump prometió eliminar los subsidios federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con los esfuerzos de Washington por detener y deportar a quienes viven en el país sin autorización.

“Las llamadas políticas santuario nos hacen más inseguros a todos porque, de forma intencional, debilitan nuestras leyes y protegen a inmigrantes ilegales que han cometido crímenes”, afirmó Sessions en un comunicado.

“Estas políticas también alientan la inmigración ilegal e incluso el tráfico de seres humanos al perpetuar la mentira de que en ciertas ciudades los extranjeros ilegales pueden vivir al margen de la ley... Debemos motivar a estas jurisdicciones ‘santuario’ para que cambien sus políticas y se asocien con las agencias federales del orden público con el fin de expulsar del país a criminales”, agregó.

Los nuevos requisitos son aplicables a uno de los programas de subvenciones más populares del Departamento de Justicia, que ofrece dinero a la policía para que compre todo tipo de equipo, desde chalecos antibalas hasta cámaras corporales. El requisito se aplicará a las ciudades que busquen subsidios a partir de septiembre.