CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez envió a juicio el viernes al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías bajo cargos de supuesta corrupción.

El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo de la causa, confirmó que a su criterio era probable la participación de ambos en los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, y agregó que la estructura delictiva en que supuestamente participaban habría recibido sobornos millonarios.

Durante la audiencia ambos exmandatarios escuchaban con atención mientras sus defensores se veían molestos.

A su salida, Pérez Molina dijo a periodistas que no está de acuerdo y que lamenta la decisión del juez.

“El juez dijo una serie de inexactitudes que él se las formó en su cabeza. Armó una historia”, señaló el expresidente, y agregó que Gálvez no aceptó “ni un solo argumento de la defensa”, y que esperaba que en el juicio pueda hacer valer las pruebas de su inocencia.

“Esto es un circo, es un ‘show’ lo que están armando”, aseveró.

La decisión del juez, que se demoró cuatro días debido a que hay 30 acusados en el caso, llega dos años y medio después de que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hicieran pública una investigación sobre una estructura integrada por los exmandatarios, funcionarios, empresarios y particulares involucrados en una supuesta defraudación aduanera por varios millones de dólares.

De los 30 acusados, 28 enfrentarán juicio y dos más fueron liberados provisionalmente mientras se investiga su participación. El juez no descartó que haya más personas involucradas en el caso y ordenó a la fiscalía investigar más.

La fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti, quienes gobernaron Guatemala entre 2012 y 2015, de ser los líderes de la estructura denominada “La Línea”, que defraudaba al Estado a través de sobornos y comisiones pagadas en las principales aduanas del país.

En un comunicado, la CICIG dijo que en su investigación presentó evidencia que demuestra “la manera de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país, funciones de la organización criminal, manera en que subvaloraban la mercadería que ingresaba y porcentajes de los sobornos que le correspondían a los integrantes de la organización”.

Tanto Pérez Molina como Baldetti han negado los cargos y responsabilizado a la fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, de “inventar” un caso sin pruebas contra ambos.

Entre las evidencias proporcionadas por la fiscalía hay miles de escuchas telefónicas de los involucrados en las que supuestamente se ponen de acuerdo para repartir los sobornos, así como documentos y testimonios de dos colaboradores: Juan Carlos Monzón, exsecretario privado y mano derecha de Baldetti, y Salvador González, exfinancista de la organización, quienes delataron cómo funcionaba la estructura.

Baldetti está presa por cuatro supuestos casos de corrupción, mientras que Pérez Molina está acusado en dos casos. Ella ya fue enviada a juicio por uno de los casos, mientras que este es el primer caso para el exmandatario. Debido a las decenas de recursos legales presentados por la defensa de varios de los procesados, el avance del caso se ha retrasado.

Tras el anuncio de la investigación en abril de 2015, miles de guatemaltecos salieron a las calles a protestar contra los mandatarios, que se vieron obligados a renunciar a sus cargos.