SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró el jueves inconstitucional el presupuesto 2017 al considerar que vulnera el principio de equilibrio y emitió una serie de medidas para limitar los gastos injustificado del gobierno, entre ellas prohibir la creación de nuevas plazas y que se aumente el salario a funcionarios.

El fallo de la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal establece que aunque existe una equivalencia matemática entre ingresos totales y gastos totales, se corroboró que el presupuesto no incluye todos los gastos reales que deben de realizarse en el presente ejercicio fiscal. Sostuvo que como consecuencia de este equilibrio ficticio, se podrían generar brechas de financiamiento y problemas de liquidez para cumplir con los compromisos y obligaciones establecidos.

Por tal motivo, ordenó que los órganos del Estado y demás instituciones públicas tomen las medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos o injustificados.

Según la sentencia, el Ejecutivo y Legislativo quedan inhabilitados para transferir recursos públicos a entes privados, particularmente a aquellos que tienen vínculos con partidos políticos y grupos afines. Además, ordenó suspender la creación de nuevas plazas, salvo en educación, salud, justicia y seguridad pública.

También suspendió los aumentos salariales para los funcionarios públicos, las compensaciones adicionales a los salarios, la compra de equipos y bienes suntuarios, como la adquisición de vehículos. Además ordeno limitar los viajes y los gastos en publicidad, y prohibió la contratación seguros médicos privados para funcionarios y jefaturas.

La resolución de la Sala de lo Constitucional determinó que se subestimaron gastos previsibles e ineludibles, que no fueron incluidos en el presupuesto presentado por el gobierno.

En particular, se mencionó el caso de los recursos destinados a las pensiones, que deben ser de 230 millones de dólares para el 2017, y que en el presupuesto solo se previó la cantidad de 1.000 dólares.

La Sala también ordenó a la Asamblea Legislativa realizar las reformas y adecuaciones necesarias para cumplir la sentencia y corregir las violaciones constitucionales constatadas, a más tardar el 31 de octubre de 2017.