CARACAS (AP) — En medio de grandes protestas que han dejado un centenar de muertes en cuatro meses y la amenaza de sanciones estadounidenses que podrían agravar la crisis económica, el gobierno venezolano procurará sean elegidos el domingo los 545 integrantes de una Asamblea Constituyente con la que pretende consolidar su poder.

Durante un acto con seguidores en la capital y a pocas horas de que comience la votación, el presidente Nicolás Maduro se mostró confiado del proceso y dijo que el domingo habrá una “gran victoria popular”.

Maduro aprovechó para criticar a los gobiernos de Estados Unidos, México, Colombia y Panamá, que han objetado el proceso constituyente.

“El emperador Donald Trump da órdenes como emperador que es y salen sus vasallos, sus esclavos, el gobierno de Colombia, de México y de Panamá, esclavos arrodillados a las órdenes del imperio norteamericano”, dijo el mandatario, al pedirle a sus seguidores salir a sufragar para demostrar que “Venezuela se respeta”.

El mandatario reveló que delegados del oficialismo han tenido “conversaciones directas” con representantes de la coalición opositora, y sostuvo que en los últimos días “estuvimos a punto de llegar a un acuerdo”, pero no reveló detalles. La coalición ha negado en reiteradas oportunidades que haya sostenido alguna negociación reciente con el gobierno.

Maduro cuestionó un comunicado del ex presidente español y facilitador del proceso de diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero, difundido el sábado por algunos medios locales, y le exigió al político que rectifique públicamente por difundir de “manera inconsulta” el escrito en el que se habla de un eventual proceso de concertación y que faltaría por definir un cronograma para elecciones de alcaldes y presidenciales, entre otros puntos.

El gobernante reiteró las amenazas de que irán a prisión los dirigentes opositores que han promovido los hechos de violencia de los últimos meses, y dijo que una de las primeras tareas que tendrá la Asamblea Constituyente será la “transformación del Ministerio Público”, desde donde surgió a finales de marzo un frente contra el gobierno dirigido por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien por años estuvo vinculada al oficialismo.

El proceso que impulsa Maduro para reescribir la constitución ha desatado fuertes críticas de parte de la coalición opositora, que convocó para el domingo a la toma de las principales vías del país en la continuación de las protestas antigubernamentales, las cuales se han extendido 120 días y han dejado 114 muertos.

“A partir de mañana arranca una nueva fase de lucha”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, al llamar a los venezolanos a no participar en la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, que la consideró como un "fraude" y un "grave error" de la historia del país.

En un mensaje que leyó a nombre de la coalición, Borges dijo que la oposición va a "profundizar" las protestas en las calles, y ratificó que el Congreso seguirá sesionando y ejerciendo a plenitud sus funciones a pesar de que se le pretenda desconocer.

"La dictadura con el paso de mañana lo que hace es acelerar su caída del poder", agregó.

El ambiente que se percibe en la capital venezolana es de tensa calma ante el bloqueo de algunas vías, especialmente en el este de la ciudad, que mantienen decenas de opositores. Han levantado barricadas con escombros, restos de árboles y basura en rechazo a la Constituyente.

Maduro, un ex chofer de autobús que se asume como el heredero político del fallecido presidente Hugo Chávez, lanzó en mayo el proceso constituyente para hacer frente a la crisis política desatada un mes antes a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional _de mayoría opositora_, las cuales fueron revertidas posteriormente.

En un intento por boicotear la iniciativa, la coalición realizó el 16 de julio un simulacro de consulta en el que 7,5 millones de venezolanos rechazaron la reforma a la constitución.

A raíz de esa votación algunos países, entre ellos Estados Unidos, exhortaron a Maduro a suspender la Asamblea Constituyente. El vicepresidente estadounidense Mike Pence ratificó la víspera que Washington aplicará fuertes sanciones económicas a Venezuela si se impone el proceso de reforma.

Por su parte, el gobierno de Panamá informó el sábado que respalda las medidas adoptadas por la Casa Blanca de imponer sanciones a funcionarios venezolanos que impulsan la convocatoria a la Constituyente, y advirtió que al igual que su vecino Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones.

En un comunicado, la presidencia indicó que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela apoya los esfuerzos que realiza la comunidad internacional por defender el orden democrático y la paz social en Venezuela y actuará en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses.

Unos 230.000 militares y milicianos fueron desplegados en toda Venezuela para custodiar los 14.515 centros de votación que se activarán para las elecciones, indicó el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.

A pesar del amplio despliegue de seguridad, en el estado suroccidental del Táchira se registraron hechos irregulares en 21 centros de votación que fueron asediados por manifestantes opositores, quienes destruyeron ocho máquinas de votación, según reportaron las autoridades de esa entidad.

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Fabiola Sánchez está en Twitter como: https://twitter.com/fisanchezn

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La periodista de la AP Kathia Martínez colaboró con este despacho desde Panamá.