BOSTON (AP) — Maura Healey asegura que no se levanta todos los días pensando en cómo puede demandar a Donald Trump, aunque sus detractores, e incluso algún correligionario, creen que sí lo hace.

Pocos enemigos más acérrimos le han salido al presidente en el ámbito judicial desde que asumió hace casi un año. La procuradora general de Massachusetts, una demócrata, ha iniciado o ha participado en decenas de acciones legales contra políticas de Trump, desde su veto a la llegada de personas de determinados países hasta el requisito de que los patronos incluyan métodos anticonceptivos en sus planes de salud.

Al mismo tiempo ha surgido como una figura central en un grupo de procuradores de estados demócratas que apelan a los tribunales para tratar frenar los planes conservadores de Trump, el cual incluye a Eric Schneiderman (Nueva York), Xavier Becerra (California) y Bob Ferguson (Washington), entre otros.

“Yo simplemente hago mi trabajo”, declaró Healey en una entrevista con la Associated Press. “Mi trabajo es hacer cumplir las leyes”.

Su andanada de demandas hace que sus detractores la acusen de estar más preocupada por tomar posturas políticas que por lidiar con los asuntos que interesan a los residentes de Massachusetts.

“Si le preguntas a cualquier familia trabajadora si prefiere que su hijo sea acosado por vendedores de drogas en su barrio o que el gobierno de Trump sea demandado por una inocua regulación ambiental, no le quepa la menor duda de que van a optar por la seguridad de su familia”, declaró Dan Shores, abogado republicano de Boston que aspirará al cargo de Healey en las próximas elecciones.

Menos de una semana después de la victoria de Trump en los comicios presidenciales de noviembre del 2016, Healey anunció la creación de una línea telefónica especial para recibir denuncias de hostigamiento a minorías raciales, étnicas y religiosas, a las mujeres, a la comunidad gay y a los inmigrantes, que según ella se multiplicaron tras la votación.

En los primeros días de la presidencia de Trump, Healey y otros 15 procuradores generales salieron en defensa de la Junta de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Board), fue una de ocho procuradores que se opusieron a cualquier relajamiento de las regulaciones sobre emisiones de gases con efecto invernadero y encabezó un grupo de cuatro estados y el Distrito de Columbia que intervinieron en una demanda que buscaba proteger a los estudiantes de cualquier abuso financiero de parte de los centros educativos con fines de lucro.

Poco después Healey se sumó a una demanda de la Unión de Libertades Civiles de fines de enero que cuestionó el decreto de Trump prohibiendo el ingreso de personas de siete países mayormente musulmanes.

Desde entonces no paró. Según su propia cuenta, ha iniciado o participado en más de 20 demandas contra el gobierno.

“Cada vez que se emite un decreto o algún organismo federal toma una medida, me pregunto ‘¿qué impacto tendrá esto en Massachusetts?’”, dijo Healey. “Cuando impusieron las restricciones inmigratorias, recibí llamadas de líderes empresariales, de compañías científicas y tecnológicas, de universidades, de hospitales... del motor económico, el alma de este estado”, expresando preocupación.

Los esfuerzos de Healey y otros procuradores, y de grupos de activistas, han tenido resultados mixtos y muchas de las demandas todavía no han sido resueltas.

En octubre un juez federal de California desistió de emitir un fallo en contra de un decreto de Trump que ponía fin a los subsidios que compensan los gastos médicos de personas de bajos recursos.

Pero los estados demandantes salieron airosos varias veces, como cuando bloquearon la prohibición de que personas transgénero sirviesen en las fuerzas armadas.

Si bien la mayoría de los procuradores con los que ha trabajado son demócratas, Healey dijo que no se considera una impulsora de esa causa. Destacó que logró el apoyo de varios republicanos a una carta que 30 procuradores generales enviaron al Congreso, pidiendo a los legisladores que analizasen posibles restricciones a los mecanismos que permiten disparar más rápido usados por un francotirador que mató a 58 personas en un concierto de Las Vegas.

En los dos años que sirvió como procuradora general antes de que Trump llegase a la presidencia, la oficina de Healey a menudo elogió medidas del gobierno de Barack Obama y no anunció públicamente demanda alguna contra una dependencia federal.

Un activismo a favor de los demócratas, en todo caso, no tendría demasiados críticos en un estado que Hillary Clinton ganó con 27 puntos de ventaja sobre Trump.

Healey, de 46 años, ex estrella del básquetbol universitario con Harvard y la primera procuradora general abiertamente gay del país, es hoy una de las funcionaras elegidas más populares de Massachusetts y a menudo se la menciona como posible aspirante a una banca en el Senado nacional.

Por el momento, sin embargo, se enfoca en su reelección para un segundo período en el 2018.

Afirma que seguirá cuestionando toda política de Trump que considera ilegal e inconstitucional.

“Si los procuradores generales de los estados no lo hacen, ¿quién lo va a hacer?”, preguntó. “El Departamento de Justicia no lo va a hacer”.