CIUDAD CUAUHTÉMOC, México (AP) — Las manos enguantadas vacían cuidadosamente sobre la mesa el contenido de la bolsa de papel que en una cinta roja anticipa, aunque no aclara, su contenido: “Evidencia”.

Parecen piedras volcánicas, pero esas manos enguantadas que extienden con delicadeza cada fragmento carbonizado saben que no, que son huesos humanos y que cada pedazo tiene un nombre y una historia, aunque todavía no sepan cuál.

Los fragmentos son parte de los restos de decenas de miles de personas que han desparecido en México durante más de una década de la violencia más descarnada del narcotráfico. Nadie se atreve a especular cuántas personas puede haber en esa mesa instalada en una bodega de la fiscalía. Solo se sabe que proceden de uno de los tres ranchos localizados junto a los cerros que rodean Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, en la frontera con Texas.

El presidente Enrique Peña Nieto se alista para dejar el poder a finales de este año y con él concluirá otra administración que dejará sin resolver una de las grandes asignaturas pendientes de México: los desaparecidos.

Cada pedazo calcinado encontrado en Ciudad Cuauhtémoc es una muestra de lo que en la última década se convirtió en un patrón de muerte en diversos puntos de México: criminales que queman o disuelven en ácido a sus víctimas para borrar toda huella del delito a sabiendas de que las autoridades _bien por complicidad, bien por inacción_ raras veces investigan. En los sobres y cajas que los contienen aparecen nombres de dónde o cómo fueron hallados: “Rancho de Dolores”, “Pedacería mancha diésel”. Y el trabajo de descifrar a quiénes pertenecían corresponde al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La desconfianza en las autoridades se ha enquistado entre las víctimas agotadas de exigir una justicia que no llega. Sumidas en la incertidumbre de ni siquiera saber cómo o dónde buscar a los suyos, acuden a organizaciones civiles locales en busca de apoyo legal y psicológico, pero los peritos argentinos del EAAF son de los pocos que les ofrecen algún tipo de respuesta concreta, aunque sea dolorosa y signifique constatar que están muertos.

México aprobó en enero una ley “muy importante” con “muy buenos elementos en búsqueda y tipificación del delito” de desaparición, en palabras de Ariel Dulitzky, director de la clínica de derechos humanos de la Universidad de Texas. Pero esta normativa todavía necesita financiación y voluntad política para ponerse en marcha y, a su juicio, solo funcionará si en paralelo hay un compromiso claro de luchar contra la corrupción.

Mientras tanto, las desapariciones continúan: 21.286 desde que el inicio del sexenio, el 1 de diciembre de 2012.

Ciudad Cuauhtémoc, un municipio de 170.000 habitantes y puerta de entrada a las montañas de la Sierra Tarahumara, ha sido apodada por algunos como la “capital de la desaparición”. Desde 2008, la fiscalía estatal tiene abiertas 676 investigaciones por ese delito en esta región; solo en la ciudad, hay 395 personas desaparecidas.

Uno de los casos más dramáticos es el de la familia Muñoz: ocho de sus miembros se desvanecieron del mapa hace siete años.

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Los Muñoz ya casi no se reúnen en la casa de antiguos ferrocarrileros, sencilla pero con un patio y árboles a la entrada. Ahí, el 21 de junio de 2011 la fiesta por el Día del Padre devino un infierno.

Según la familia, esa tarde unos extraños llegaron a “molestar”. Llamaron a la policía local; agentes acudieron, pero no intervinieron, y entonces los ánimos se crisparon. Uno de los Muñoz agarró un radio de la patrulla y lo tiró por la ventana lo que provocó que los agentes se fueran del lugar, lanzando amenazas.

Unas horas más tarde, una decena de camionetas con hombres uniformados y encapuchados allanaron la vivienda sin dar explicaciones. Sometieron a las mujeres y se llevaron a los hombres. Buscaban el radio, les dijeron.

“Corríamos todos; unos para un lado, otros para otro”, recuerda entre lágrimas Emma Veleta, la matriarca de la familia.

“De este lugarcito me lo arrebataron de mis manos”, solloza junto a una lona con las fotografías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobrino, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quiebra al recordar cómo uno de sus hijos se aferraba a ella. “Me decía ‘Ay madrecita no dejes que me lleven’”.

A las mujeres las dejaron tiradas en el suelo, a los 8 hombres se los llevaron. “Ya no vi más de ellos, no más oía sus gritos”, añade con la vista perdida.

Las autoridades han avanzado poco para saber qué pasó después.

“Nos tienen olvidados”, lamenta Albino Cruz, padre Óscar, uno de los jóvenes desaparecidos. “Nos vamos a morir así”, vaticina.

Cruz y su mujer Maribel Muñoz viven todavía en esa casa, donde el dolor se ha integrado a la familia con una naturalidad perturbadora. Su hija de tres años enseña sin pudor en un celular una foto de la última víctima colateral de las desapariciones: la sombra del cuerpo colgado de otro hijo de Cruz que no aguantó más y se suicidó.

Las desapariciones en México raramente se esclarecen porque, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la corrupción existente complica la investigación y hace que la impunidad se imponga. Además, hay un problema de recursos. México tiene la estructura forense de un país en paz aunque la situación que vive es similar a una guerra que todavía no ha terminado, coinciden expertos.

El gobierno federal asegura que está fortaleciendo el sistema de justicia a la vez que ofrece apoyo técnico a los estados para abordar el tema de las desapariciones. El objetivo final es poder llegar a un sistema nacional donde cruzar información de los que faltan con la de miles de cuerpos y restos no identificados que plagan morgues, cementerios y fosas clandestinas a lo largo y ancho del país.

Siete años después de aquel trágico Día del Padre, lo único que ha encontrado la familia Muñoz es una hebilla de cinturón que creen era de Toribio, el esposo de Veleta. Un niño la reconoció entre los miles de restos quemados encontrados en los tres ranchos a finales de 2011. Las autoridades quisieron cerrar el caso, pero la familia se negó: exigían evidencias. Ahora los peritos argentinos buscan ADN o alguna respuesta.

“No ha salido nada”, asegura Luisa Muñoz, hermana de Toribio, en referencia a las pruebas genéticas.

La familia cree que la fiscalía no quiso investigar porque había policías involucrados en el crimen.

El fiscal de la zona, Jesús Manuel Carrasco, afirma que quienes fueron señalados por los Muñoz ya no están en la corporación. “No podemos descartar la participación de esos agentes, pero tampoco hay elementos que los vinculen directamente”.

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La cifra de desaparecidos en México comenzó a incrementarse desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó su guerra frontal contra el crimen organizado. En medio de una violencia generalizada, las víctimas tenían miedo a denunciar y las autoridades, cuando no toleraban, cooperaban con los criminales, asegura Dulitzky.

El resultado fue que un manto de silencio cayó sobre muchos puntos del país, incluida Ciudad Cuauhtémoc.

Los carteles rivales de Sinaloa y de Juárez se disputaban la entrada a la sierra Tarahumara, donde se cultiva amapola y marihuana de alta calidad, a solo 350 km de Estados Unidos y con una intensa actividad comercial que la convertía en una “lavandería perfecta” para el dinero sucio, en palabras de Carrasco, el fiscal del occidente del estado.

Para controlar la zona, ambos grupos se infiltraron en la sociedad y en las policías locales, fáciles de convencer con amenazas o con sobornos. Y mientras en otros puntos del país aparecían personas asesinadas en las calles, en Cuauhtémoc simplemente desaparecían.

Sin cuerpo, no había delito que perseguir. Y sin muertos, la ciudad no llegaba nunca a los titulares, pasaba desapercibida.

Las familias que se atrevían a denunciar eran ignoradas, acosadas o incluso amenazadas. Algunas optaron por marcharse.

Hoy, Cuauhtémoc sigue siendo ciudad en disputa entre narcos, y las desapariciones continúan. El único cambio es que ahora no se ocultan y que la nueva ley aprobada en enero permite perseguir este crimen aunque no haya ni rastro de la víctima.

Las familias, sin embargo, todavía desconfían de las autoridades y prefieren poner sus esperanzas en los peritos argentinos, el grupo que desde hace más de una década y siempre con el apoyo de ONG locales ha estado presente en las mayores crisis de desapariciones del país: las ‘muertas’ de Ciudad Juárez, las masacres de migrantes en Tamaulipas, los hallazgos de fosas clandestinas en distintos puntos del Golfo de México, o la sonada desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sureño estado de Guerrero.

El equipo, que ha cuestionado públicamente algunas investigaciones oficiales, genera sentimientos contradictorios entre las autoridades: su mera presencia evidencia las carencias oficiales, pero el gobierno no niega su prestigio y siempre trabajan con aval oficial, lo que supone que sus resultados pueden ser aceptados en un juicio.

En Cuauhtémoc, el EAAF sólo empezó a operar después de que el exgobernador César Duarte -ahora prófugo y acusado de diversos delitos de corrupción- dejara el poder, en diciembre de 2016.

La fiscalía había tomado muestras de ADN a varias familias, entre ellas a los Muñoz, pero esas pruebas se quedaron en un cajón. Los argentinos repitieron el proceso con sus propios estándares, que incluyen extensas entrevistas a los familiares, y fue entonces cuando los huesos comenzaron a hablar.

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Una vértebra. Eso fue lo que dejó un poco más tranquila a Idalia Gutiérrez. Era de su hijo Amir, un mecánico de 33 años que desapareció en 2011. Fue la primera identificación de las 13 conseguidas hasta ahora por el EAAF de entre los restos localizados en los ranchos de Ciudad Cuauhtémoc.

Gutiérrez recuerda que fue duro recibir la noticia, pero también un alivio.

"Estaba triste pero consciente, llevaba mucho tiempo preparándome para eso”, afirma. “Yo quería encontrarlo vivo o muerto y en mi mente decía, ‘no puedo llorar, tengo que estar fuerte’, quería entenderlo todo bien".

Mercedes Doretti, directora del EAAF para México y Centroamérica, reconoce que el momento de informar a la familia de una identificación es “tremendamente doloroso” porque la sensación de tener al fin una respuesta, se mezcla con la constatación de una muerte.

Para el equipo, dar la noticia es casi tan importante como el resultado técnico. Estudian cada detalle del peritaje para aclarar cualquier duda de la familia y se esfuerzan para controlar los nervios y las lágrimas. El objetivo es que la familia crea en lo que se la está presentando porque, en caso contrario, el caso seguirá abierto.

“Uno no quiere que una identificación sea un acto de fe”, dice Doretti. “Pero cuando son tan pequeños los fragmentos o cuando uno no puede devolver nada, hay un tema de confiabilidad”.

Y ese es el caso de Cuauhtémoc. El ADN es la prueba más fiable pero, en realidad, se trata de una serie de números que conforman el perfil genético... y los números no se pueden enterrar.

Idalia Gutiérrez, sin embargo, es afortunada. Ella tiene una vértebra y está a la espera de si sale algún pedacito más de Amir para cuando lo tenga todo, enterrarlo.

“Va a tener su funeral, como debe ser”, asegura. “Y de ahí, pues ya, yo ya no voy a buscar más”.

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En la revisión más reciente de las cajas del “Rancho Dolores” en la bodega de la fiscalía, las manos enguantadas han seleccionado 109 muestras meticulosamente calibradas y etiquetadas que son susceptibles de contener ADN o cualquier otra información sobre la víctima y que serán analizadas en los laboratorios del EAAF en Argentina.

Cuando la selección concluye, guardan y barren cuidadosamente hasta la última ceniza. Lo meten todo de nuevo en su sobre, lo vuelven a cerrar y firman sobre cada precinto rojo para que la cadena de custodia esté garantizada.

Mientras llegan los nuevos resultados, las familias siguen en su desesperante espera y en la búsqueda de nuevos datos y de justicia.

Luisa Muñoz no quiere perder la esperanza. Sus hijos en Estados Unidos le dicen que se vaya con ellos, pero ella no quiere dejar su casa y su tiendita, en un humilde barrio de Ciudad Cuauhtémoc, por si Luis un día llama o regresa. O por si los argentinos la devuelven al menos un hueso quemado por el que llorar.