MIAMI (AP) — Un jurado estadounidense determinó el martes que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de sus ministros de defensa fueron responsables por una serie de matanzas extrajudiciales que realizaron militares de su país durante protestas callejeras en el 2003.

El jurado otorgó además 10 millones de dólares en daños y perjuicios a los demandantes en un proceso judicial iniciado por familiares de algunos de los muertos.

El veredicto del jurado tuvo lugar después de un juicio de casi tres semanas en un tribunal federal de la ciudad de Fort Lauderdale, vecina de Miami.

Tras una semana de deliberaciones, el jurado falló en contra de Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín, quienes viven en Estados Unidos desde que salieron de Bolivia en 2003.

Después del veredicto, los exfuncionarios bolivianos pidieron al juez que revoque la determinación del jurado de responsabilidad contra los acusados.

En la demanda presentada en 2007, las familias de ocho bolivianos que murieron en las protestas alegaron que los dos funcionarios planearon y ordenaron la ejecución de miles de civiles para aplastar la oposición a sus políticas.

La defensa alega que la muerte de civiles fue por el fuego cruzado entre las fuerzas militares y los manifestantes, y no debido a una matanza intencional. Sostiene que el gobierno respondía a una crisis.

El proceso judicial fue iniciado bajo una ley que protege a las víctimas de torturas, que autoriza ventilar demandas por matanzas extrajudiciales en tribunales de Estados Unidos.

En las protestas callejeras durante la llamada “guerra del gas” murieron 64 personas y más de 400 resultaron lesionadas.

Los manifestantes bloquearon numerosos pueblos y ciudades, principalmente la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde hubo más víctimas. Los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas militares se tornaron violentos en algunas oportunidades.

En su intento por desbloquear calles y avenidas, los militares dispararon a los manifestantes principalmente vecinos de El Alto y mineros que habían llegado a La Paz para apoyar las protestas. Numerosas víctimas civiles fueron indígenas aimaras.

La protesta marcó el derrumbe de los partidos tradicionales en Bolivia y el ascenso de nuevos líderes entre ellos Evo Morales, que por entonces era líder del poderoso sindicato cocalero. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados unidos.

“Finalmente les pedimos cuenta por la masacre que ordenaron contra nuestra gente”, dijo tras conocer el veredicto Teófilo Baltazar Cerro, cuya mujer murió por el impacto de una bala que atravesó la pared de una casa. “Después de muchos años de luchar por justicia para nuestros familiares y el pueblo de Bolivia, celebramos esta histórica victoria”, expresó.

El jurado encontró responsables a los dos exfuncionarios porque ordenaron a los militares usar la fuerza en los enfrentamientos.

“La victoria de los demandantes envía una señal inequívoca a los perpetradores de todo el mundo de que se los puede responsabilizar por abusos contra los derechos humanos en los Estados Unidos”, expresó Tyler Giannini, codirector de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard.

Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia de agosto de 1993 a agosto de 1997; y nuevamente de agosto de 2002 a octubre de 2003. Sánchez Berzaín fue su ministro de Defensa durante el segundo gobierno.

Por su papel en las ejecuciones de 2003, en 2011 fueron condenados en Bolivia cinco comandantes militares que dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Tanto el expresidente como su exministro fueron imputados en ese caso, pero no pudieron ser juzgados en ausencia.

Los abogados del expresidente dijeron que le pidieron al juez que emita un fallo que revoque el veredicto del jurado por razones legales. Es posible también que luego presenten una apelación ante una corte de mayor jerarquía judicial.

“El veredicto de hoy es un paso en ese proceso, pero no el último paso”, expresó Stephen Raber, uno de los abogados de Sánchez de Lozada. “No estamos de acuerdo con el veredicto del jurado y creemos que la prueba era tan deficiente que el caso nunca debió haber llegado al jurado”, dijo en una declaración escrita enviada a la AP.

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El corresponsal de The Associated Press en Bolivia, Carlos Valdez, contribuyó con esta información.