LIMA (AP) — Un magistrado peruano que archivó juicios a políticos poderosos fue detenido el lunes por la noche en su oficina tras recibir parte de una coima pactada en 9.000 dólares para presuntamente favorecer a delincuentes en medio del escándalo judicial por corrupción que sacude a Perú.

Las imágenes de las televisoras locales mostraban al juez superior de la corte de Lima Juan Emilio Gonzales Chávez junto a varios fajos de billetes equivalentes a 1.000 dólares sobre su escritorio. Fue rodeado de policías, quienes le colocaron grilletes en las manos y lo llevaron a una cárcel preventiva, una imagen que enlodó aún más el desprestigio de la justicia peruana que está infiltrada por el crimen organizado en 40% según las autoridades.

Gonzales era conocido en Perú por sus fallos polémicos. En 2015 ordenó archivar una investigación fiscal por lavado de activos a Nadine Heredia, la esposa del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016). En 2017 también absolvió a 14 funcionarios del municipio de Lima que estaban involucrados en un millonario escándalo municipal por corrupción ligado al actual alcalde Luis Castañeda durante su segunda gestión (2007-2010). Castañeda es alcalde por tercera vez.

La detención del juez provocó que el presidente Martín Vizcarra criticara la corrupción judicial en un acto público. “Se le ve infraganti, recibiendo una coima, por eso tenemos que sacarlo a todos (los jueces corruptos)”, dijo el mandatario desde un puerto costero del norte del país.

Víctor Prado, el presidente de la Corte Suprema, admitió hace más de una semana en una entrevista con el diario peruano El Comercio que el sistema de justicia estaba infiltrado en un 40% por el crimen organizado. Prado explicó que 14 cortes judiciales de las 34 que existen en todo el territorio nacional estaban penetradas por la mafia y añadió que “por razones tácticas y de reserva, no puedo anunciar cuáles son”.

El descrédito también alcanzó al Fiscal General, Pedro Chávarry, y un 94% le pide renunciar, según una encuesta nacional de la firma Ipsos Perú, publicada el martes por el diario El Comercio.

El desprestigio se extiende hasta los municipios y desde abril de 2017 la policía ha capturado a diez alcaldes, en su mayoría por dirigir clanes criminales que aterrorizaban a sus propios vecinos, según cifras del ministerio del Interior.

Samuel Rotta, presidente del capítulo peruano de Transparencia Internacional, dijo en una entrevista con la AP que el sistema judicial es considerado como una de las instituciones más corruptas del país, según las encuestas que realizan desde hace una década.

“Esto que vemos ahora está corroborando la opinión de la población, lo intuíamos pero no había tanta claridad sobre la extensión de este tipo de prácticas que se extienden a toda la institución y ponen en riesgo el ejercicio de los buenos jueces y fiscales”.

En julio el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros, luego el programa televisivo Panorama y después otros destacados medios locales iniciaron la difusión de decenas de audios que han provocado el mayor impacto en las esferas del poder desde inicios del siglo XXI: renunciaron el ministro de Justicia, el máximo jefe del poder judicial, se disolvió a un poderoso grupo de electores de autoridades y quedaron envueltos en un manto de sospecha los políticos más poderosos.

El escándalo --que mostró redes de funcionarios poderosos que se favorecían entre sí para manejar la justicia a su antojo-- provocó un giro en el gobierno del presidente Martín Vizcarra, quien subió en agosto más de diez puntos en su popularidad, un suceso inédito en 18 años, luego de que a fines de julio anunció que su objetivo sería limpiar la corrupción del sistema judicial y político.

La investigación que ha remecido Perú empezó como una indagación a un grupo narco en el mayor puerto del país, desde donde sale la droga a Europa. Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).

Vizcarra empezó su gestión en marzo reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski quien renunció por un escándalo de compra de votos parlamentarios a cambio de apoyo. El gobierno de Vizcarra culminará en 2021.