IRAZOLA, Perú (AP) — En su candidatura a la gobernación de la región de Ucayali, Manuel Gambini menciona reiteradamente los elogios del gobierno estadounidense le ha hecho por impulsar el cultivo de cacao en lugar de la hoja de coca en esta zona productora de cocaína.

Sin embargo, este político al que alguna vez la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) describió como un "socio nuevo y dinámico" es ahora investigado por lavado de dinero luego de haber amasado una fortuna pese a su modesto salario como alcalde.

Gambini es uno de los centenares de candidatos en las elecciones locales que se encuentra bajo sospecha de haber recibido dinero proveniente del narcotráfico, fenómeno que amenaza con secuestrar la democracia en un país que hace dos años se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo.

La infiltración del dinero del narco en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con las condiciones que antecedieron a la sangría política que enrareció el ambiente político en México y Colombia.

"Nosotros somos ahorita un vil espejo de lo que fue Colombia, como lo dije, y de lo que es México hoy en día", dijo Sonia Medina, la fiscal antidrogas de Perú. El país registra menos violencia que los otros dos países, pero los asesinatos relacionados con las drogas han aumentado desde mediados de la década de 2000, cuando traficantes colombianos y mexicanos empezaron a llegar en números mayores.

Uno de cada tres electores peruanos vive en alguna región con candidatos investigados, enjuiciados o recibieron alguna condena por algún delito relacionado con el tráfico de drogas. Medina dijo que su despacho ha identificado a 700 candidatos que se encuentran en esa situación.

Gambini, de 43 años y ex cultivador de coca, figura entre al menos siete candidatos a la gobernación, una cuarta parte de las 24 regiones de Perú, a los que se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.

Una lista separada de narco-candidatos que compiló el Ministro del Interior contiene 124 nombres, incluidos dos gobernadores.

Entre ellos se destaca la alcaldesa Silvia Cloud, cuyo esposo es acusado de ser un capo del narcotráfico al que busca la ley en el valle del Alto Huallaga, centro original del tráfico global de cocaína.

En el distrito de Irazola, uno de los colaboradores de Gambini se lanzó a la alcaldía aunque purgó una condena en la cárcel por tráfico de cocaína. Es el tesorero del distrito desde 2009.

El gobernador de la región de Huánuco, Luis Picón, que pretende reelegirse, enfrenta investigaciones por tráfico de drogas, evasión fiscal, peculado y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con un informe de investigadores financieros, aparece un desbalance financiero en sus cuentas bancarias que asciende a los cuatro millones de dólares por depósitos que en su mayoría se hicieron en efectivo a compañías de propiedad suya y de dos de sus hermanos.

Picón, que proviene del Alto Huallaga, rechazó las afirmaciones de Medina de que las empresas de las que es dueño no son rentables y que se sostienen con dineros ilícitos.

"Nosotros estamos más que llanos (dispuestos) a seguir ese tipo de investigaciones", dijo Picón a The Associated Press, al término de un acto de campaña el pasado fin de semana en las afueras de Huánuco, la capital homónima de la región de la que es gobernante. Sobre los inusuales depósitos en efectivo dijo que "esas son situaciones que de todas maneras se tienen que investigar científicamente".

Sin embargo, la fiscal Medina dice que Picón se ha resistido a cooperar en todo momento en la investigación por lavado de dinero que se le sigue, iniciada en 2010 y que un fiscal local intentó archivar en 2013. Es lo que ocurre siempre, señaló Medina.

Pero la situación jurídica de Picón se puede complicar. Le acaban de proferir una orden judicial para que comparezca ante un juez luego de que un fiscal solicitara su detención preventiva acusado de malversar fondos públicos que ascienden a los 50 millones de dólares en la construcción de obras públicas sobrefacturadas, dijo Christian Salas, el procurador anticorrupción del Perú.

Gambini se postuló para el cargo de gobernador en la región selvática de Ucayali, vecina de Huánuco, después de que el gobernador quedara marginado por una investigación relacionada con el lavado de activos y que acaparó los titulares de la prensa nacional.

Gambini ha sido alcalde durante dos periodos en Irazola, un distrito agrícola pobre donde los Andes se juntan con la Amazonia y "viene mostrando serios signos de riqueza" al utilizar a familiares y socios "cercanos, vinculados al tráfico ilícito de drogas" para ocultar ingresos que son sospechosos, según la apertura de una investigación preliminar de ocho páginas proferida el 29 de agosto por lavado de dinero y de la cual AP obtuvo una copia.

Según los documentos de la investigación, Gambini adquirió personalmente 10.000 hectáreas (38 millas cuadradas) de tierra, parte de la cual podría tener cultivos de coca y dos casas avaluadas en 180.000 dólares. Ahora es el presidente de un equipo de fútbol de la capital de la región de Pucallpa, cuya nómina mensual rebasa los 50.000 dólares.

Como alcalde, su salario es menor a los 2.000 dólares.

Desde que Gambini se convirtió en funcionario público en 2007, según el auto de apertura de investigación, al parecer escondió su riqueza a través de un hermano y varios allegados. "De ser simples agricultores por más de 10 y 20 años (éstos) han pasado a ser potentados económicamente", al convertirse en dueños de diversas propiedades así como de camionetas deportivas último modelo y maquinaria pesada.

Durante un acto político celebrado la semana pasada y en el que se repartió cerveza fría, Manuel Gambini refutó las acusaciones en su contra y las describió como mentiras inventadas por sus enemigos políticos.

Dijo que es propietario de 130 hectáreas (media milla cuadrada) y que antes de ser alcalde tenía un aserradero. Afirmó que dejó de cultivar coca en 2003 con el apoyo de USAID.

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Los críticos afirman que los legisladores peruanos intencionalmente han permitido que el sistema político peruano sea campo fértil para el dinero sucio mediante la inacción o la creación intencional de lagunas jurídicas.

Gambini, por ejemplo, no menciona sus ingresos ni propiedades en la biografía oficial que entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que está difundida en internet. No es obligatorio.

De los aproximadamente 126.000 candidatos, apenas el 11% hizo público estos detalles, según la organización Transparencia, que se asoció con el portal de noticias Utero.pe para comparar las biografías oficiales con la información de diversas bases de datos públicas. Descubrieron que entre los candidatos había 1.395 delincuentes condenados, incluidos 13 narcotraficantes. En Perú, quienes sean condenados de un delito no quedan inhabilitados para aspirar a algún cargo de elección popular si un juez o tribunal ordena su rehabilitación política.

Ricardo Soberón, ex zar antidrogas de Perú, dice que las instituciones encargadas de luchar contra las actividades ilícitas son, en el mejor de los casos, indiferentes al tema.

Tomen como ejemplo la ley de financiación de campañas políticas. La pena por no informar de un donativo de campaña es la pérdida del financiamiento público. Pero éste no existe. Fue institucionalizado en la ley de 2003 pero el Ministerio de Economía y Finanzas no ha liberado recurso alguno.

La ley del secreto bancario en Perú no es mejor. Los informes sobre operaciones financieras sospechosas aumentaron entre un 30 y un 40% este año, dijo Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Sin embargo, su despacho no puede ampliar las pesquisas para incluir a otros bancos y archivos fiscales sin la aprobación de un fiscal. Además, la ley le prohíbe compartir los reportes de actividades sospechosas con la policía.

Perú tiene menos de 20 condenas por lavado de dinero, según Espinosa, y ninguna recayó sobre algún político.

Así las cosas, la campaña electoral carece de restricciones en lugares como la región de Huánuco, que se extiende por la cordillera de los Andes.

Mientras que en México o Colombia está prohibido comprar una casa en efectivo, en Perú es una práctica común en Perú. Luis Picón y sus hermanos adquirieron 21 propiedades entre 2003 y 2012, todas en efectivo, según una investigación financiera.

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Una década después de que la USAID propusiera a Gambini y a otros campesinos locales cultivar cacao y palma africana en lugar de hoja de coca, el distrito de Irazola se convirtió en uno de los principales productores de cacao y Gambini se ha hecho merecedor de buena parte del crédito.

En 2008, USAID le pagó los gastos para que asistiera a una conferencia de alcaldes de las américas en Miami.

En marzo de 2011, Gambini conoció a la entonces embajadora estadounidense Rose Likins durante una conferencia local a la que asistió el gobernador de la región. Un comunicado de la embajada dijo que USAID invirtió en la zona más de 50 millones de dólares en los 15 años anteriores.

Un año más tarde, un informe de USAID ensalzó a Gambini como un "socio nuevo y dinámico" que contribuyó a la transformación de Irazola en un "modelo de desarrollo alternativo".

Sin embargo, activistas locales lo denunciaron por fraude y peculado. Dijeron que Gambini concedió a allegados suyos contratos de proyectos que nunca fueron concluidos o que fueron ejecutados de manera deficiente.

En un caso, Gambini gastó más de cuatro millones de dólares de recursos públicos para llevar electricidad, agua potable y alcantarillado al caserío de Neshuya, donde habitan unas 400 familias. Según los residentes del lugar, Gambini después ayudó a arreglar la venta de la tierra con un allegado suyo que luego comenzó a venderle a la comunidad las parcelas que tenían bajo sus casas a precios inflados.

Gambini rechaza las acusaciones. Pero el ex dirigente comunitario, Eugenio Longa, dijo que ante ese tipo de abusos los habitantes lo denunciaron públicamente.

En respuesta escrita a unas preguntas de la AP, la embajada de Estados Unidos en Perú dijo que había solicitado una revisión de los antecedentes de Gambini antes del viaje que hizo a Miami en 2008. La embajada dijo que Gambini no recibió ayuda directa de USAID y que gran parte del dinero invertido se hizo a través de contratistas y organizaciones no gubernamentales.

La embajada citó cifras de la ONU según las cuales el cultivo de coca en el distrito se redujo de 908 hectáreas (3,5 millas cuadradas) en 2009 a 591 hectáreas (2,3 millas cuadradas) en 2013.

En marzo, la policía decomisó 28 kilogramos de cocaína sin refinar que se encontraban en una moto-taxi, pero el fiscal local no hizo nada, dijo Longa. Un grupo de lugareños presentaron de inmediato una queja ante el fiscal de control de Pucallpa.

El funcionario Pedro César Ríos dijo a la AP que la supuesta irregularidad continúa bajo investigación.

Cuando se le preguntó sobre el decomiso de la droga, Gambini dijo que no estaba enterado de nada. "Yo ya no podría responder nada de eso, porque ese ya no es competencia del alcalde", agregó.

¿No debería estar enterado un alcalde de un decomiso de cocaína en su distrito? le preguntó la AP.

"No, no, cuando hay ese tipo de investigación, de incautación, la policía lo hace en forma discreta y de eso ya no sabe el alcalde", afirmó.

Gambini reconoció que el tráfico de cocaína continúa siendo un problema, en especial en un distrito contiguo de Aguaytia, donde está en marcha la erradicación de la coca y soldados de la marina patrullan la zona con fusiles de asalto.

"En eso yo ya no me meto, porque si no la mafia nos mata", dijo el candidato.

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El investigador Carlos Neyra contribuyó a este reportaje de investigación

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Frank Bajak está en Twitter como: https://twitter.com/fbajak?lang=en