SAN SALVADOR (AP) — El Salvador aprobó una serie de disposiciones especiales que endurecen el trato a los asesinos de policías, militares, fiscales y custodios de las cárceles, pero expertos en temas de seguridad sostienen que no bastan para evitar que las pandillas los sigan matando.

Con los votos de 52 de 79 diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles las medidas penales y administrativas con las que esperan proteger a los involucrados en labores de seguridad pública, pero el criminólogo y experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, dijo el jueves a The Associated Pres que “los asesinatos con saña no van a parar con un decreto, o por una ley. En la mente criminal este tipo de instrumentos no causan temor, no casan pánico, no los van a detener en su carrera criminal”.

Según Sosa, estas son disposiciones legales transitorias y lo que se pretende es un endurecimiento de la represión con los asesinos que sean capturados, pero subrayó que la mayoría de homicidios contra policías y soldados quedan en la impunidad. Asimismo, señaló que la mayoría de policías y soldados viven en territorios que están siendo gobernados por estructuras criminales y esto complica más la labor de prevención de sus vidas.

Las medidas aprobadas por el congreso unicameral contemplan agilizar los procesos penales para lograr la condena de los autores de estos crímenes.

Aquellos que sean condenados no podrán gozar de beneficios como la reducción de penas o sustitución de medidas como el arresto familiar, no recibirán visitas, ni tendrán libertad de desplazamiento en la cárcel y se les congelarán las cuentas bancarias y sus bienes.

También ordenan que se pongan en marcha protocolos de seguridad y se otorguen beneficios a familiares de las víctimas, como becas de estudio para los hijos, vivienda y trabajo para el conyugue sobreviviente.

Marvin Reyes, que encabeza el Movimiento de Trabajadores de la Policía, aseguró a la AP que es muy difícil operativizar que los policías tengan medidas de seguridad por las mismas limitantes de institución y afirmó que lo que se intentó en el pasado terminó en fracaso.

También criticó el uso que se hace del dinero recaudado de la contribución especial para la seguridad, ya que el gobierno lo está repartiendo en ministerios o instituciones que nada tienen que ver con el combate contra los criminales.

En lo que va del año, las pandillas han asesinado a 41 policías, a 21 soldados y a tres custodios de las cárceles, la mayoría cuando se encontraban de licencia.

Las autoridades sostienen que estos grupos criminales buscan presionar al gobierno para conseguir concesiones, en especial para sus cabecillas, presos en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, el líder de los policías también rechazó esa tesis y dijo que las pandillas están actuando en venganza por las muertes de sus compañeros a mano de las autoridades.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas, y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.