SAO PAULO (AP) — Ante otra amenaza a sus crecientes operaciones mundiales, Uber advirtió que una propuesta en el Congreso de Brasil impediría el funcionamiento de apps de transporte en el país, el más vasto de Latinoamérica y el segundo mercado más grande de la compañía.

El Senado podría votar en las próximas horas sobre una propuesta ya aprobada en abril por la Cámara de Diputados que le exigiría a los gobiernos municipales regular las aplicaciones de transporte, adquirir pólizas de seguro para los choferes, darles pensiones e intensificar la supervisión de los empleados y vehículos usados.

Mientras los senadores pronunciaban discursos sobre la medida dentro del recinto, en los pasillos choferes de los servicios de transporte prestaban atención, aplaudiendo cuando alguien decía algo a su favor. Algunos gritaban los nombres de legisladores que estaban en desacuerdo, abucheándolos sonoramente. Cientos de conductores estacionaron sus vehículos frente al Congreso en forma de protesta.

El presidente del Senado Eunicio Oliveira aseguró que los senadores están tratando de llegar a un acuerdo intermedio de tal manera de que no perjudique a ninguno de los dos tipos de choferes, “que no arruine a uno y que no arruine tampoco al otro”.

El congresista Carlos Zarattini, autor de la iniciativa, admite que ésta probablemente marcaría el fin del uso de apps de transporte como se le usa en la actualidad, pero tanto él como muchos de sus colegas afirman que las empresas están confiriendo demasiadas pocas protecciones a los empleados.

Si se aprueba tal como está, la propuesta “asfixiar” a los servicios a base de apps, dijo el analista Fabro Steibel, a menos que se logre una fórmula en que se ofrezcan beneficios tangibles a pasajeros y choferes.

"Es una propuesta del siglo XIX para una economía del siglo XXI”, opinó Steibel, director ejecutivo del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro.

Una de las cláusulas más controversiales de la medida es la que exige que los choferes sean propietarios de sus autos, lo que perjudicará a quienes alquilan. Otra es la que les obliga a obtener un certificado de la municipalidad donde operan. Ello supondría que un chofer no podría, por ejemplo recoger a un pasajero de Sao Paulo y llevarlo al aeropuerto internacional de esa ciudad, ya que está ubicado en otra municipalidad.

Uber ha tildado la propuesta de “una ilegalización a escondidas” y denunció que le haría imposible funcionar en el país. Ha lanzado una masiva campaña de opinión pública para resistir la medida, al haber recaudado las firmas de más de 800.000 brasileños que se han manifestado en contra.

En el website del Senado, el sondeo que acompaña a toda propuesta que está siendo sometida a votación indica que más de 200.000 personas se oponen a ella mientras que más de 40.000 la favorecen.