SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Aylsa Torres suspiró de alivio cuando recibió una carta del banco dos semanas después del paso del huracán María. Como miles de puertorriqueños, tenía acceso a una moratoria de tres meses en los pagos de su hipoteca mientras el territorio estadounidense trataba de recuperarse de la destructiva tormenta.

Creyéndose libre por un tiempo de esas obligaciones financieras, la funcionaria de 46 años liquidó sus ahorros para comprar un generador de 750 dólares y reparar daños causados por la tormenta por valor de 786 dólares. Pero cuando Torres visitó su banco en diciembre, explicó, se quedó conmocionada al saber que se había retrasado en los pagos y que la institución amenazaba con desahuciarla y arruinar su calificación crediticia.

La confusión y el pánico se extienden por el territorio estadounidense, donde este mes expira la mayoría de los acuerdos de moratoria. Muchos están descubriendo que no cumplían los requisitos para la moratoria desde un principio o tienen problemas para conseguir prórrogas porque no pueden pagar lo que deben a los bancos.

“Es una cosa bien frustrante”, dijo Torres. “Tú te sientes que todo el mundo te cierra la puerta en la cara. Nadie tiene un interés genuino en ayudarte”.

Expertos legales señalan que esta escena se repetirá en las próximas semanas y meses, en una isla que ya registraba un brusco aumento de los desahucios antes del huracán debido a una recesión de 11 años que ha forzado al gobierno a aplicar medidas de austeridad.

Aún peor, señalan los expertos, es que muchos puertorriqueños dejaron de pagar las cuotas de su hipoteca tras la tormenta del 20 de septiembre porque pensaban que la moratoria era automática, cuando no era el caso. La tormenta cortó el suministro eléctrico en toda la isla, el peor apagón en la historia de Estados Unidos, lo que impidió que mucha gente se enterase de que tenía que contactar con su banco para solicitar una moratoria, explicó Ariadna Godreau, profesora y abogada de derechos humanos.

“La gran preocupación ahora es que esas ejecuciones de hipoteca se van a disparar. Vamos a ver más gente sin casa, más casas reposeídas”, indicó.

A lo largo de casi una década, el número de casas embargadas en Puerto Rico pasó de más de 2.300 en 2008 a más de 5.400 en 2016, y se estima que unas 6.200 o más el año pasado.

Los desahucios se suspendieron temporalmente tras la tormenta y los bancos en el territorio estadounidense ofrecieron una moratoria a las hipotecas de aquellos que cumplieran una serie de requisitos, al igual que el gobierno federal. Las moratorias ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos se han extendido a marzo, pero los bancos han puesto fin a las suyas.

Banco Popular, que es el banco más grande de Puerto Rico, indicó que más de 20.500 clientes recibieron moratorias que expiraban en diciembre y enero. Directivos bancarios dijeron estar trabajando con sus clientes, pero recalcaron que de todos modos tenían que cobrar la deuda.

“Aquellos clientes que realmente no respondan a las gestiones del banco son los que realmente estarían en riesgo de entrar en ejecución”, indicó José Teruel, primer vicepresidente de la división de servicios crediticios al consumidor en Banco Popular.

Otras grandes entidades en el territorio declinaron dar cifras concretas. Oriental solo dijo que el 69% de sus préstamos de vivienda estaban bajo una moratoria a finales de noviembre, mientras que First Bank dijo que en torno a la mitad de sus clientes había recibido moratorias. Santander señaló que 123.000 de sus cuentas, incluyendo tanto hipotecas como préstamos personales y a empresas, habían recibido moratorias que expiraban en diciembre y enero.

“Los tres meses de moratoria en un principio pudo haber parecido generoso, pero realmente no lo es”, señaló María Jiménez, directora del servicio de asistencia legal en la Universidad de Puerto Rico. “Todavía hay gente sin luz, así que esa capacidad de generar ingresos no está activa todavía”.

El huracán María destruyó más de 30.000 empleos y en torno al 30% de las pequeñas y medianas empresas sigue cerrado más de cuatro meses después de la tormenta, según el Departamento del Tesoro de la isla. Mientras tanto, más del 30% de los clientes de suministro eléctrico siguen a oscuras y muchos tienen problemas para pagar las crecientes facturas de servicios básicos.

A Jiménez le preocupa especialmente la gente que no se puede permitir un abogado pero gana dinero suficiente como para no poder optar a asistencia legal gratuita.

“Muchas veces estas personas se paralizan. Hay muchos que ni siquiera abren las cartas porque no ven posibilidades de resolver”, indicó.

Torres ha contratado a un abogado para que lleve su caso, lo que no fue una decisión fácil porque la mayor parte de su salario va a la costosa medicación para tratar su esclerosis múltiple. Debe al banco más de 1.500 dólares y no sabe cómo pagarlos.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico dijo estar reuniendo más información para comprender mejor la situación. Hace poco aplazó una fecha límite para que todos los bancos de la isla presenten datos como la cifra exacta de moratorias concedidas.

No está claro cómo gestionarán los bancos las hipotecas, señaló Rafael Rodríguez, que supervisa un proyecto de asistencia legal sobre desahucios para la organización sin fines de lucro Legal Services of Puerto Rico.

“La expectativa que tenemos nosotros es que una vez finalicen las moratorias, es que se retome la ola masiva de ejecuciones en la isla”, indicó.

Otra mujer bajo amenaza de desahucio dijo que no tiene el dinero para pagar las tres cuotas que debe al banco este mes. La mujer, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila, Lillian, porque está avergonzada por su situación, dijo que tras el huracán utilizó todos sus ahorros para ponerse al día con los pagos de su hipoteca para poder optar a la moratoria. Pero esos pagos la han dejado totalmente dependiente de sus padres por ahora.

“Estoy con una preocupación bien increíble”, dijo, temiendo que tendrá que renunciar a su apartamento.