BANGKOK (AP) — Pareciera que el gobierno de Myanmar está bajo asedio de la comunidad internacional, molesta por el trato a la minoría de musulmanes rohinyas y preocupada por la viabilidad de la naciente democracia. La ola de críticas más reciente viene del juicio a dos reporteros de Reuters que ayudaron a denunciar la matanza de rohinyas. Sin embargo, numerosos expertos opinan que es poco probable que la líder Aung San Suu Kyi cambie de política.

Las motivaciones de Suu Kyi son un misterio. Aunque ella era una admirada activista a favor de la democracia, tenía reputación de autocrática, pero ahora, lo que preocupa a muchos es cuál es su ideología orientadora.

Hay cierto consenso en que ella está algo restringida por el poder que siguen teniendo los militares, tal como lo consagra la constitución de 2007.

"Aung San Suu Kyi ha tratado de mantener un equilibrio entre su delicada y complicada relación con los militares y su concepto de las necesidades de la sociedad, quizás temiendo que si asume una postura demasiado estridente provocará un regreso al régimen militar, lo que es permisible según la constitución, bajo ciertas circunstancias", describió David Steinberg, profesor emérito en la Universidad de Georgetown, en un artículo en la revista The Diplomat en julio.

Otros expertos son menos generosos, opinando que la pasividad de Suu Kyi ante el sufrimiento de los rohinyas y su hostilidad hacia quienes tratan de hablar del asunto, contradicen el estereotipo de que es una activista humanitaria enfrentada a los militares.

"La gente tiende a pensar que Aung San Suu Kyi y los militares son enemigos y el uno temía que el otro lo iba a desbancar", expresó Khin Zaw Win, un crítico del gobierno que dirige el Instituto Tampadipa en Yangón.

Los procesos contra los dos periodistas de Reuters, afirmó, es un recordatorio de que "lo que ambos temen en común es que la comunidad internacional se una contra ellos para derrocarlos del poder". Para ellos, explica, se cumple en viejo dicho de "juntos vivimos, separados morimos".

La realidad política tanto dentro como fuera de Myanmar parece indicar que no habrá justicia para los rohinyas, de los cuales unos 700.000 huyeron a la vecina Bangladesh para escapar una brutal ofensiva contrainsurgente del ejército. Myanmar niega haber practicado grandes violaciones de derechos humanos y asegura que su ofensiva fue en respuesta a los ataques de rebeldes rohinyas en agosto pasado que mataron a miembros de las fuerzas de seguridad. Para los críticos, no fue menos que limpieza étnica.

Los que desean llevar a justicia a Myanmar tienen pocas herramientas para hacerlo. Pese a la recomendación el mes pasado de una comisión de la ONU, para que los altos jerarcas militares de Myanmar sean procesados por genocidio, no habrá juicio alguno en el futuro previsible.

Es poco probable que algún país busque iniciar un proceso contra Myanmar y al contrario, hay muchos países que entorpecerían semejante gestión. Hay grandes potencias que nunca han sido particularmente paladines de los derechos humanos _como por ejemplo China y Rusia_ y que tienen razones estratégicas para mantener buenas relaciones con Myanmar.

"Un juicio por genocidio en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, sería muy difícil", opinó en una entrevista por email Murray Hiebert, experto del Centro para Estudios Internacionales estratégicos en Washington, D.C.

"Primero, Myanmar ni siquiera es miembro de la Corte Penal Internacional y, segundo, cualquier proceso tendría que ser instigado por un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero China y Rusia han dejado bien claro que no lo permitirán".

El deseo de limitar la influencia china en el Mar del Sur de Asia es uno de los grandes factores.

"Estados Unidos y la mayoría de las democracias occidentales quieren evitar que Myanmar se adentre más en los brazos de Beijing", dijo Hiebert.

La competencia con China por la influencia política y la delicada posición de países vecinos que no quieren sembrar inestabilidad ni ahuyentar a la inversión foránea también limitan la posibilidad de una acción contundente.

"Yo creo que Myanmar todavía puede contar con la mayoría de los países del sudeste asiático y también India y Japón, pues Japón ha sido renuente a tomar una posición muy enfática en el tema de los rohinyas para no perder su influencia estratégica con Myanmar", estimó Joshua Kurlantzick, experto en el Consejo de Relaciones Internacionales en Nueva York.

Las sanciones, que serían otra alternativa para presionar a Myanmar, enfrentan los mismos desafíos que instalar un tribunal por genocidio, aunque si una nación quiere actuar por su cuenta puede hacerlo.

Tanto Charney como Hiebert indicaron que el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell es un férreo partidario de Suu Kyi que difícilmente permitirá cualquier medida iniciada por Washington.

"Creo que Myanmar y la mayoría de la población permanecerá impertérrita a pesar de las sanciones, al igual que han enfrentado todo el oprobio internacional por el tratamiento hacia los rohinyas estos últimos dos años", dijo Hiebert. "Ellos mismos le han dicho a los extranjeros que ya antes han sobrevivido sanciones. La diferencia, por supuesto, es que ahora la población parece estar a favor de la ofensiva de los militares contra los rohinyas, mientras que anteriormente muchos estaban a favor de las sanciones para presionar a militares a que permitan un régimen democrático".