MIAMI (AP) — Las familias de seis estadounidenses secuestrados y asesinados en Colombia por las FARC durante la década de 1990 están buscando potencialmente que el gigante bananero Chiquita Brands International les pague decenas de millones de dólares en daños y perjuicios debido a los pagos que la compañía hizo al grupo terrorista.

El juicio está programado para comenzar con la selección del jurado el lunes en la corte federal de West Palm Beach. Las demandas acusan a Chiquita de violar la Ley Antiterrorismo. Aunque Chiquita ha admitido haber pagado a las FARC _siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia_ unos 220.000 dólares, insiste en que lo hizo solo para proteger a sus empleados y sus intereses de la violencia.

Las familias sostienen que el apoyo financiero que brindó Chiquita a las FARC significa que debe hacerse responsable también de las muertes de los estadounidenses y pagar daños y perjuicios.

Las familias deben probar que los ejecutivos de Chiquita sabían que las FARC estaban involucradas en actos de terrorismo violentos que podrían afectar a los estadounidenses y que las muertes de sus seres queridos eran previsibles cuando se hicieron los pagos, dijo el abogado de los demandantes Gary Osen.

"Son personas que han pasado por un sufrimiento enorme en sus vidas. Han esperado 10 años para ver este día en la corte", dijo Osen.

Las FARC y otros grupos paramilitares participaron en una guerra civil que duró décadas en Colombia y costó miles de vidas.

El derramamiento de sangre finalmente terminó en 2016, cuando se firmó un acuerdo de paz. Chiquita también admitió haber pagado 1,7 millones de dólares a un grupo derechista opuesto a las FARC y al final se declaró culpable en 2007 de un delito bajo las leyes estadounidenses, por lo que pagó una multa de 25 millones de dólares.

Fue apenas después de que ese caso se hizo público que miembros de las familias de los seis estadounidenses asesinados por las FARC se enteraron de que Chiquita también había entregado pagos a las FARC, lo que condujo a las demandas.

Cinco de los norteamericanos asesinados por las FARC eran miembros de un grupo misionero con base en Sanford, Florida, llamado New Tribes Mission: David Mankins, Rich Tenenoff, Mark Rich, Stephen Welsh y Timothy Van Dyke. El sexto, Frank Pescatore Jr. era un geólogo de una empresa de Alabama que trabajaba en un proyecto en Colombia y a quien le dispararon mientras trataba de escapar de sus secuestradores, según documentos judiciales.

Tania Julin, de Winter Springs, Florida, se casó con Rich la noche que fue secuestrado el 31 de enero de 1993 en la aldea de Púcuro, Panamá, a unos 20 kilómetros (15 millas) de la frontera con Colombia. Julin dijo que varios hombres armados irrumpieron en su casa _donde dormían sus dos hijas jóvenes_, ataron a Rich y les ordenaron a él, Mankins y a Tenenoff caminaran hacia la selva.

Julin dijo que nunca volvió a ver a su marido.

"Fue algo aterrador. Nunca me lo imaginé. Fue tan sorpresivo e inesperado. Yo solo tenía 23 años de edad, con dos niñas pequeñas", dijo Julin, que ahora enseña en un preescolar. "Estaba aterrorizada por lo que podría pasar y muy confundida sobre por qué alguien nos haría esto. Solo estábamos allí para ayudar a la gente".

Posteriormente, las FARC exigieron un rescate de 5 millones de dólares por los tres, pero pronto se hizo evidente que los hombres probablemente habían sido asesinados, agregó Julin. Las familias tardaron años en saber con seguridad que sus seres queridos efectivamente fueron asesinados. Nunca recibieron sus restos.

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Curt Anderson está en: http://twitter.com/Miamicurt