BARCELONA (AP) — Miles de manifestantes protestaban la noche del jueves frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y exigían a gritos la liberación de decenas de funcionarios regionales detenidos en relación con la convocatoria del referendo separatista.

Las autoridades españolas sostienen que el referéndum previsto para el 1 de octubre es ilegal e impugnaron judicialmente su constitucionalidad. Sin embargo, grupos catalanes independentistas piensan lo contrario y defienden lo que describen como su derecho a votar en la consulta.

Los manifestantes, que habían pasado el día afuera del Tribunal Superior de Justicia en Barcelona, acudieron en respuesta al llamado de grupos cívicos independentistas para que se efectúen protestas callejeras de largo plazo contra la sorpresiva acción policial del día anterior. El TSJ forma parte del sistema judicial nacional de España.

Al atardecer, una enorme multitud cantaba, ondeaba banderas independentistas y exhibía pancartas que decían “¡Democracia!”. El ambiente era festivo, a diferencia de la noche anterior, cuando los inconformes escenificaron escaramuzas con agentes y vandalizaron vehículos policiales.

El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, insistió en un mensaje de video difundido el jueves en la noche que el referéndum se efectuará a pesar de los obstáculos judiciales y las acciones policiales.

“Desde luego estos no son días fáciles, pero nos sentimos fuertes”, declaró Puigdemont. “Mientras España actúa como un régimen en el que la autoridad del poder aumenta inversamente a su fuerza moral, nos sentimos cada vez más apoyados por el mayor activo del pueblo catalán: su pueblo”.

Dado al aumento de la tensión conforme se acerca el 1 de octubre, las autoridades españolas contrataron tres barcos utilizados habitualmente como transportadores y los llevaron al noreste de España para alojar a las fuerzas de seguridad adicionales desplegadas en la región.

Las autoridades no han revelado cuántos agentes estarán en servicio.

“No tenemos miedo”, dijo Malena Palau, una estudiante de 21 años, y añadió que la gente tiene derecho a decidir, independientemente de lo que se vota.

La respuesta de los manifestantes comenzó el miércoles cuando en las redes sociales fueron difundidos los arrestos y allanamientos policiales contra oficinas gubernamentales catalanas.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy advirtió a los dirigentes catalanes de que habrá “males mayores” si no cancelan el referendo.

El Tribunal Constitucional aumentó la presión el jueves cuando dijo que empezará a aplicar multas de entre 6.000 y 12.000 euros (7.200 y 14.400 dólares) diarios a los 22 miembros de la junta electoral designada para supervisar el referéndum si desacatan la orden de suspender la votación. La aplicación de las multas comenzará el sábado, dijo la corte en un comunicado.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, aparentemente ofreció una rama de olivo al anunciar la posibilidad de mayor financiación para Cataluña, uno de los reclamos principales de los catalanes descontentos, quienes dicen que su próspera región aporta demasiado al gobierno central.

En entrevista publicada el jueves con el diario Financial Times, de Guindos dijo que “una vez que abandonen los planes independentistas, podemos hablar”.

Cataluña, de 5,5 millones de electores, genera el 20% del PIB español de 1.100 billones de euros y goza de amplia autonomía.

Según encuestas, los habitantes de Cataluña apoyan la realización de un referéndum pero están divididos casi 50-50 en cuanto a independizarse de España.

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Los periodistas de The Associated Press Ciaran Giles y Aritz Parra, en Madrid, contribuyeron a este despacho.