WASHINGTON (AP) — Venezuela acusó el martes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro de extralimitarse en sus funciones al convocar audiencias públicas esta semana para analizar si las autoridades de la nación sudamericana han incurrido en crímenes de lesa humanidad.

La delegación venezolana pidió al Consejo Permanente que se retire a las audiencias el patrocinio de la OEA y que se prohíba el uso de su personal e instalaciones al considerar la actividad ilegal porque el organismo “no tiene competencia para actuar como tribunal internacional”.

La embajadora alterna de Venezuela ante la OEA, Marlene Da Vargem Da Silva, dijo que las audiencias crean “una práctica ilegal que puede ser aplicada contra otros estados miembros de la organización”.

The Associated Press solicitó un comentario al despacho de Almagro, sin obtenerlo de inmediato.

La OEA anunció la víspera que el asesor especial del secretario general para temas de crímenes de lesa humanidad y exfiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, celebrará jueves y viernes de esta semana dos sesiones con representantes de la sociedad civil y exmilitares venezolanos para analizar si la situación en Venezuela cumple los requisitos para ser remitida a la CPI.

Moreno dijo en julio que planeaba organizar cuatro audiencias públicas para escuchar a víctimas, expertos y al Estado venezolano con la intención de determinar si las violaciones de derechos humanos responden a una política sistemática, quiénes serían los máximos responsables y si enfrentan procesos legítimos en la justicia venezolana.

La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Rodrigo Diamanti, presidente de la organización venezolana defensora de derechos humanos Un Mundo sin Mordaza, compartió con The Associated Press su expectativa de que si durante las audiencias Moreno recoge evidencias de posibles delitos de lesa humanidad, que esa información sea compartida con la fiscalía especial de la CPI o que alguno de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de la CPI pueda elevar el caso.

Diamanti explicó que a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CPI establece responsabilidad de personas específicas y no de un Estado. “Estoy convencido de que si se consiguen las evidencias, este proceso podrá ayudar a explicar la necesidad de que la CPI abra una investigación preliminar”, indicó.

Venezuela --que atraviesa una crisis económica y política agudizada tras cuatro meses de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 fallecidos, casi 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos-- inició en abril un trámite de dos años para abandonar la OEA.

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Luis Alonso Lugo está en Twitter como: https://twitter.com/luisalonsolugo