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Tribunal despeja obstáculos a reforma fiscal en Costa Rica

November 24, 2018

SAN JOSÉ (AP) — La Corte Suprema de Costa Rica avaló el viernes al proyecto de reforma fiscal del gobierno al no encontrar vicios de procedimiento o inconstitucionalidad. El plan fue aprobado por la Asamblea Legislativa en un primer debate el 5 de octubre, pero algunos diputados de la oposición consultaron posibles roces con la Constitución.

Costa Rica estuvo en vilo por la consulta de constitucionalidad, ya que de su resolución depende que se pueda aprobar en un segundo debate, para el que aún no hay fecha, el plan fiscal con el que se pretende atacar el déficit de las finanzas públicas, estimado para este año en el 7,1% del Producto Interno Bruto.

Uno de los aspectos más importantes resuelto por los magistrados de la Sala Constitucional de la corte tiene que ver con cómo afectaría el proyecto a la independencia del Poder Judicial, un asunto determinante ya que podía variar la cantidad de votos requeridos para aprobar la reforma.

En el primer debate, el plan fiscal recibió 35 votos, más de los 29 requeridos (mayoría simple) de los 57 diputados del país. Si la Sala Constitucional consideraba que el proyecto afectaba al Poder Judicial, el proyecto había tenido que lograr 38 votos, o mayoría cualificada, algo que habría sido complicado para el gobierno del presidente Carlos Alvarado, que pasó dificultades en la primera votación. Es casi seguro que Alvarado volverá a obtener la cifra necesaria de respaldos para la aprobación definitiva.

Los magistrados también resolvieron dudas de los diputados respecto la constitucionalidad en la limitación de presupuestos en algunas instituciones públicas y otras disposiciones relacionadas con el empleo público, señaló el juez Fernando Castillo en una conferencia de prensa el viernes.

El plan fiscal incluye la creación de un Impuesto al Valor Agregado que reemplazaría al que grava actualmente las ventas con una tasa del 13%, así como la aplicación de un impuesto del 1% a la canasta básica y la limitación de algunos beneficios salariales del sector público.

Estas medidas se toparon principalmente con la oposición de sindicatos del sector público, algunos de los cuales, como los de educadores, se mantienen en huelga desde el 10 de septiembre.

Ahora los diputados deberán esperar la redacción del fallo completo para realizar la segunda votación, tras la cual solo se requeriría de la firma de Alvarado para que la reforma sea ley.

La resolución de la Sala Constitucional era esperada con atención por las calificadoras de riesgo y los tenedores de bonos de deuda costarricense luego de que la economía empezó a dar sus primeros signos de desconfianza con la devaluación del colón frente al dólar, que bajó casi un 10% en menos de un mes.

Como respuesta a la devaluación, el Banco Central ajustó al alza las tasas de interés en moneda local para evitar una fuga de depósitos de colones a dólares.

Además, la falta de liquidez del gobierno costarricense obligó a activar a finales de septiembre el mecanismo de “letras del tesoro” con las que el Banco Central hace un préstamo al Ministerio de Hacienda por un máximo equivalente al 5% del presupuesto nacional. Estos fondos deben pagarse en un plazo máximo de 90 días que se cumplen el 26 de diciembre.

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