PANAMÁ (AP) — Panamá dio luz verde el viernes para que se extradite a un exgobernador mexicano requerido en su país por corrupción.

El presidente Juan Carlos Varela y la canciller Isabel de Saint Malo firmaron la resolución para que el exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borge, sea repatriado, informó telefónicamente a The Associated Press la portavoz de la cancillería, Mónica De León.

Agregó que las autoridades mexicanas cuentan ahora con un término de 30 días para venir a buscarlo.

La decisión tiene lugar días después de que la Corte Suprema de Justicia considerara improcedentes varios recursos legales con los que la defensa buscaba detener el proceso de extradición.

La AP llamó a uno de los bufetes que representan a Borge en Panamá pero no dijeron que no reaccionarían de momento. Sin embargo, en los últimos meses los abogados presentaron al menos tres recursos legales para conseguir la liberación del exgobernador y detener la extradición.

Los defensores denunciaron que Borge enfrentaba condiciones inhumanas en la celda de la Policía Nacional a donde fue llevado, lo que rechazaron las autoridades.

El exgobernador fue detenido a inicios de junio en el aeropuerto internacional panameño cuando se disponía a viajar a Francia.

La fiscalía mexicana acusa a Borges de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucra 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5.000 millones de pesos (273 millones de dólares).

Borge, quien gobernó de 2011 a 2016 el estado de Quintana Roo, en el este del país, insistió en rechazar las acusaciones durante las audiencias realizadas en Panamá.

El político es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y su detención fue en ese momento la tercera de un exgobernar del PRI en el transcurso del 2017.

Durante su detención en Panamá, un tribunal panameño acogió el pedido de los fiscales mexicanos para que se incluyesen otros tres delitos más al pedido de extradición de Borge. De este modo, se ampliaron de lavado de dinero a desempeño irregular de funciones públicas, peculado y aprovechamiento ilícito de poder.