VALENCIA, Venezuela (AP) — Bajo un intenso sol y un asfixiante hedor que impregnaba todos los alrededores, algunas de las 68 víctimas fatales que dejó el devastador incendio en las celdas de una comisaría fueron enterradas una al lado de otra en medio de la consternación de sus familiares que a tres días de los incidentes siguen esperando la repuesta de las autoridades sobre lo ocurrido.

Imágenes de profundo dolor se repetían de manera incesante a medida que transcurría la mañana e iban llegando poco a poco al cementerio central de la ciudad industrial de Valencia los familiares cargando los modestos féretros de madera.

Los muertos fueron enterrados en una serie de nichos de ladrillos que fueron construidos uno a lado del otro en un área del cementerio. Las tumbas fueron adornadas con sencillas cruces blancas que tenían escrito a mano el nombre de los muertos, y las fechas de nacimiento y de su muerte.

“Quiero saber quiénes son los culpables”, afirmó desde uno de los rincones del cementerio Wilca González, al clamar justicia por la muerte de su esposo.

González, de 36 años, indicó que a pesar de que las autoridades garantizaron que harían una investigación hasta el momento no ha visto a nadie haciendo las pesquisas.

Al recordar la última vez que habló con su esposo, González dijo que él la llamó desde su celda, en medio del incendio, clamando por ayuda y le dijo: “no puedo respirar. Me estoy asfixiando”.

Tras varios días de silencio, el gobierno venezolano se pronunció el viernes para solicitar al Ministerio Público que inicie una investigación para determinar las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades, y criticó declaraciones que realizó la víspera sobre el caso la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alegando que fijó una posición “tendenciosa” sobre Venezuela sin requerir información oficial.

Asimismo, el gobierno anunció la creación de un equipo multidisciplinario, la activación de los protocoles para la protección de las familias afectadas y los lesionadas, y el otorgamiento de “medidas de reparación”.

A tres días de una de las mayores tragedias carcelarias ocurridas en el país suramericano, las autoridades aún no han ofrecido un reporte sobre cómo sucedieron los hechos y posibles responsables.

Los familiares han dejado filtrar pequeños detalles que les proporcionaron sus seres queridos en los momentos finales a través de llamadas de teléfonos móviles.

Jeyne Lugo, cuyo hijo de 27 años falleció en el siniestro, dijo que su familiar la llamó, poco antes de que se iniciara el incendio, para informarle que la policía le había disparado en la cabeza a una mujer embarazada, que estaba de visita en el calabozo, y que los reclusos le prendieron fuego a un colchón para llamar la atención de los guardias y lograr que la herida fuera atendida.

“Los policías vinieron y empezaron a echarle gasolina. Le echaron gasolina y por eso es que se prendió tanta gente”, relató Lugo, asegurando que esa fue la causa que originó que el fuego se expandiera dentro del calabozo.

Tras el incendio la madre recibió una foto en la que aparece el cuerpo de una mujer embarazada, con su rostro cubierto de sangre. Lugo indicó que logró identificar en esa fotografía a su hijo debido a que un lado de la mujer fallecida se observa una pierna con una inmensa cicatriz que coincide con la que tenía su familiar.

Carlos Nieto, director de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos humanos de los presos, dijo a The Associated Press que el incendio lo “provocan los reclusos” al prenderle fuego a los colchones porque querían forzar a las autoridades a que “les abrieran la celda y pudieran escaparse”.

Nieto expresó que a pesar que el incidente fue provocado, es “evidente que hubo negligencia a la hora de atenderlos”.

“Al ver la magnitud de lo que estaba pasando los funcionarios tenían que haber actuado, tenían que haberles abierto”, indicó el activista que aseguró que obtuvo la información de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

La AP solicitó a la gobernación del estado Carabobo, de la que depende la estación policial donde ocurrió en incendio, una reacción sobre la versión que señala a supuestos guardias de haber lanzado gasolina en la celda o que el fuego fue provocado por los reclusos, pero indicaron que de momento no hay información porque todo está bajo investigación.

Desde hace varios años las organizaciones humanitarias han venido alertando sobre la compleja situación de los centros policiales venezolanos donde se estima que están recluidos 32.600 personas y hay un hacinamiento de más de 450%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Los activistas han denunciado que las comisarías enfrentan grandes dificultades para mantener a los cientos de reclusos debido a que no disponen de recursos financieros para suministrarles alimentos y atención médica, en medio de la crisis económica que enfrenta Venezuela con una hiperinflación y una severa escasez de productos.

Los detenidos deben estar en las comisarías por lapsos no superiores a 96 horas, pero debido al retraso del Ministerio de Servicio Penitenciario en dar los cupos en las cárceles los presos pasan varios meses y años en los centros policiales, lo que agrava los problemas de hacinamiento.