ASUNCIÓN (AP) — Cuando Alejandro Villamayor, de 16 años, se despidió de sus padres en la capital de Paraguay para viajar con dos amigos a la casa de campo de uno de ellos, nadie imaginó que a la mañana siguiente yacería muerto por un disparo en la sien.

Casi tres años después de la muerte del adolescente estadounidense, la investigación se ha enredado a tal punto que ha puesto a prueba la funcionalidad del sistema judicial paraguayo, que carga con la reputación de ser un foco de corrupción.

La familia de Álex -como lo llamaban- está convencida de que fue asesinado, pero la defensa de los detenidos sostiene que se suicidó, algo inicialmente compartido por la fiscalía. Y la justicia paraguaya ha sido hasta ahora incapaz echar luz al caso por el que Estados Unidos ha manifestado preocupación por la falta de resultados.

Las pruebas periciales contradijeron tanto las primeras conclusiones de la fiscalía que el Ministerio Público se vio forzado a cambiar el equipo investigador y reclasificar el caso como homicidio. El juicio a dos de los tres sospechosos comenzó hace casi dos meses y la familia de Álex, el gobierno estadounidense y la alta sociedad de Paraguay están a la expectativa de qué dirá el juez cuando concluya el proceso, lo que podría ocurrir en los próximos días.

El caso ha puesto en juego -nuevamente- la imagen de la justicia en Paraguay, el segundo país más corrupto de América Latina después de Venezuela, según el índice de percepción de la corrupción de 2017 de Transparencia Internacional.

Nacido en Rockville, Maryland, Álex era hijo de una estadounidense y un paraguayo. Sus familiares y amigos han repetido que era un chico feliz que iba a diario al gimnasio y obtenía excelentes calificaciones en la escuela. Incluso dicen que después de llegar a Obligado –a unos 400 kilómetros de Asunción–, el chico los llamó para avisar que estaba bien. Unas ocho horas más tarde había muerto de un disparo y tenía golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los peritajes presentados en el juicio, Álex tenía una pistola en la mano izquierda a pesar de que era diestro. El arma no era la misma que disparó la bala que lo mató y bajo su cuerpo había manchas de sangre que revelaron que el cadáver fue girado y vestido con ropa que no era suya. Además de los golpes, tenía semen en el recto.

Tres médicos forenses declararon durante el juicio que las heridas se las provocaron terceras personas minutos antes de su muerte.

A pesar de estas evidencias Olga Araujo, la fiscal local que tomó el caso, alegó que Álex había consumido hongos alucinógenos y que él mismo se había pegado el tiro. También definió lo sucedido como un “hecho punible a determinar” y no realizó la investigación debida, por lo que 10 días después fue apartada del caso y destituida por “grave negligencia en la investigación de un homicidio”. Recién tras su destitución el Ministerio Público designó nuevos fiscales y dijo que estaba ante un presunto homicidio.

Los abogados de la víctima afirman que la fiscal vició todo el proceso al no detener inicialmente a los principales sospechosos de la muerte de Álex, sus amigos y compañeros del colegio más exclusivo de Asunción: René Hofstetter y Alain Jacks Díaz De Bedoya, de 18 y 17 años, respectivamente.

La fiscal tampoco detuvo al guardia de la estancia, Matthias Wilbs, quien se encontraba en otra de las viviendas de la propiedad y que después fue imputado por encubrimiento tras confesar él mismo, en una declaración jurada, que colocó un arma en la mano de Álex siguiendo órdenes de su patrón, el padre de Hofstetter y dueño de la casa donde murió el joven.

Los abogados también critican que no se aisló el lugar de los hechos, no se incautaron las cámaras de seguridad de la casa, que fueron arrancadas días más tarde, ni los teléfonos de los presentes.

Según los peritos citados en el juicio, hubo más de cien llamadas entrantes y salientes de los celulares de los sospechosos a sus padres, a un ex policía y a la cooperativa agrícola local antes de comunicarse oficialmente con la policía.

Tras el suceso, Hofstetter aprovechó que no estaba detenido y viajó a Alemania. Sólo volvió cuando los nuevos fiscales ordenaron su captura internacional. Mientras tanto, Jacks Díaz De Bedoya fue sobreseído para sorpresa de los abogados de la familia de la víctima y siguió estudiando en el mismo colegio.

Hofstetter es el único imputado como presunto responsable de homicidio y Wilbs como supuesto encubridor. Ambos están en prisión preventiva. El abogado de Hofstetter asegura que Álex se suicidó y que sus clientes no vieron ni oyeron nada. Su versión es que se fueron a dormir a medianoche a otra habitación y que cuando despertaron Álex ya estaba muerto.

Estas irregularidades se dan en un país que vive constantes escándalos de corrupción. Según reconoció en 2014 Enrique Riera, entonces presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar a jueces y fiscales, el 25% de los funcionarios judiciales debían ser sancionados por corruptos.

Desde noviembre del año pasado el Poder Judicial de Paraguay está en entredicho por las revelaciones de audios que sugieren un esquema de intromisión de legisladores en las decisiones de los jueces.

Incluso el padre de Álex, Luis Villamayor, un exdiputado y empresario que fue candidato a vicepresidente en 2013 y se presentará de nuevo a diputado en las elecciones de abril, dijo recientemente a la The Associated Press: “Si un excongresista, abogado, no puede conseguir justicia en este país ¿Quién puede?”.

La investigación sobre la muerte de Álex con ha podido explicar por qué no se hizo la autopsia debida, por qué no se indagó suficientemente a los testigos y cómo es posible que los resultados del ADN del semen encontrado en Álex revelaran que era suyo. Además, se cuestiona por qué la muestra desapareció del laboratorio forense.

“Nunca creímos en la versión de la fiscal Araujo ni en el suicidio”, dijo a la AP Puning Luk, madre de Álex y quien vive en Asunción. “No tuvimos ayuda ni de la policía. Hubo un silencio. Nadie nos vino a visitar, ni los padres del colegio de Álex. La alta sociedad paraguaya no habla”, agregó.

El caso comenzó a tener eco en Estados Unidos. Los legisladores demócratas de Maryland, Ben Cardin y Chris Van Hollen, hicieron un homenaje a Álex en el Senado estadounidense en febrero y el 16 de marzo el nuevo embajador en Paraguay, Lee McClenny, recibió a sus padres. Asimismo, la embajada urgió a las autoridades paraguayas “a asegurar transparencia y un proceso judicial imparcial sin más demora”.

“Este caso es un ejemplo de cómo el Poder Judicial de Paraguay está en declive”, dijo a la AP Guillermo Ferreiro, un abogado paraguayo experto en derechos humanos que cree que la clase política interfiere “de manera directa” en los órganos que controlan y seleccionan a los jueces y fiscales. Es una “crisis total de ética jurídica y profesional” que según en el experto se originó en la dictadura del militar Alfredo Stroessner (1954-1989).

“¿Podrá Paraguay tener una Justicia imparcial?”, se preguntó. “A corto plazo, no lo creo”.