CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El primer juicio contra cinco exmilitares acusados de la desaparición de un niño durante la guerra civil en Guatemala inició el jueves. La fiscalía les acusa de desaparición forzada, violación y delitos contra los deberes de humanidad.

El organismo señala a Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor General del Ejército; Francisco Luis Gordillo, excomandante de la Zona Militar de Quezaltenango; Manuel Antonio Callejas, viejo líder de Inteligencia Militar; Edeliberto Letona Linares, exsubcomandante de la Zona Militar de Quezaltenango, y Hugo Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar en la misma zona, de ser los responsables de delitos de lesa humanidad.

Según la investigación, Emma Guadalupe Molina Theissen fue detenida por agentes del Estado en septiembre de 1981 en Ciudad de Guatemala y llevada a un destacamento militar ubicado en Quetzaltenango, al oeste de la capital, para ser torturada y violada. Días después logró escapar.

Tras su fuga, agentes de inteligencia del Ejército la buscaron en su casa y al no encontrarla se llevaronn a su hermano Marco Antonio, de 14 años, como represalia.

Él está desaparecido hasta hoy y según el testimonio de la mujer, Zaldaña Rojas fue uno de los hombres que se lo llevó y fue responsable de su desaparición.

Héctor Reyes, abogado de las víctimas, explicó a The Associated Press que se juzga a los militares por la jerarquía y el mando que entonces ostentaban y que no ejercieron para prevenir los hechos a pesar de tener conocimiento de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado guatemalteco por la violación a los derechos humanos de los hermanos Molina Theissen y ordenó la búsqueda de los restos del menor desaparecido sin que hasta hoy se haya realizado.

Marielena Winter, esposa de Lucas García, dijo que su marido es inocente y que ha estado enfermo. “Es una injusticia”, aseguró.

El Tribunal de Mayor Riesgo C inició el juicio contra los cinco acusados que están detenidos con la presencia de familiares de las víctimas, de los cautivos y defensores de derechos humanos.