CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Los diputados guatemaltecos votaron el jueves por segunda vez a favor de mantener la inmunidad del presidente Jimmy Morales para que no sea investigado por el presunto delito de financiamiento electoral ilícito.

Esta vez el retiro de la protección legal del mandatario recibió 70 votos a favor, 45 más que en la ocasión anterior, pero no fueron suficientes. La ley establece que se necesitan 105 votos del total de 158 diputados del Congreso para retirarle la inmunidad.

La votación de los diputados se da un día después que por lo menos 205.000 personas, según la Procuraduría de Derechos Humanos, salieran a protestar en todo el país exigiendo la renuncia de Morales y diputados.

El gobierno dijo mediante un comunicado de prensa que “lo resuelto debe ser comprendido dentro del contexto de la independencia de poderes y el respeto al estado de derecho, el cual debe prevalecer”.

La crisis política en Guatemala se desencadenó tres semanas atrás cuando el presidente Morales fue acusado por el Tribunal Supremo Electoral de anomalías en las finanzas del partido que lo llevó al poder cuando era su secretario general.

La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que le retirara la inmunidad para investigarlo por el delito de presunto financiamiento electoral ilícito, pero Morales respondió ordenando la expulsión y declarando persona no grata al comisionado Iván Velásquez, titular de la CICIG, lo que generó críticas a nivel nacional e internacional.

La Corte de Constitucionalidad revirtió la decisión y detuvo la salida de Velásquez.

Entonces la Corte Suprema dio trámite a la solicitud para revisar la inmunidad del mandatario y la envió al Congreso, pero los diputados -liderados por la bancada oficial- se negaron a discutir el tema y archivaron el proceso.

Uno de los que votó a favor de mantener la inmunidad de Morales fue Fernando García, quien dijo a The Associated Press que votó a favor porque consideró “que el presidente debe terminar el período para el que fue electo (2016-2019). Que termine y ya luego lo investiguen”, dijo García.

El 13 de septiembre, el Congreso guatemalteco en su intento por proteger a los políticos reformó el Código Penal y libró de persecución legal a los acusados de financiamiento electoral ilícito al tiempo que modificó la conmutación de penas a quienes cometieran al menos unos 400 delitos. La población reaccionó con indignación y los acusó de hacer un “pacto de corruptos”.

La reforma al Código Penal fue detenida por la Corte de Constitucionalidad y luego anulada por el Congreso tras fuertes manifestaciones populares.

Debido a la crisis política, cuatro ministros renunciaron. Sin embargo Morales no aceptó la renuncia de tres de ellos, los titulares de Gobernación, Finanzas y Trabajo.

Morales llegó a la presidencia en 2015 por el Frente de Convergencia Nacional (FCN), partido de derecha fundado por exmilitares, algunos de ellos acusados de delitos de lesa humanidad.

Además de la acusación de presunta corrupción, la semana pasada la Contraloría General de Cuentas le ordenó al presidente devolver aproximadamente 61.000 dólares de un sobresueldo que recibía del ejército además de su salario mensual.

A su vez, su hijo José Manuel Morales y su hermano Samuel Morales están siendo juzgados por los supuestos delitos de fraude y lavado de dinero.