COLTON, California, EE.UU. (AP) — Como el mayor de 15 hermanos, el sastre senegalés Saliou Ndiaye era la gran esperanza de su familia de llevar una vida mejor en una ciudad con alto desempleo, en la que mucha gente se maneja todavía en carros tirados por caballos.

Aprendió a coser de niño y por años les envió dinero a sus padres, primero desde la capital de su país y después desde Brasil, donde trabajó en una fábrica.

Pero cuando Ndiaye decidió buscar fortuna en Estados Unidos, sus sueños se desvanecieron. Un juez del servicio de inmigración le negó su pedido de asilo en julio, después de haber pasado un año detenido en California, y Ndiaye trató de suicidarse.

Hoy, a los 33 años, yace en la cama de un hospital estadounidense, conectado a aparatos que lo mantienen vivo. Las autoridades inmigratorias desistieron hace poco de tratar de deportarlo y dispusieron su excarcelación, en una decisión que normalmente sería motivo de festejo pero que en este caso ha generado muchas críticas.

La historia de Ndiaye es trágica y poco frecuente, pero genera interrogantes sobre las responsabilidades del gobierno estadounidense para con los inmigrantes detenidos que requieren atención médica. Todos los años pasan por los centros de detención del servicio de inmigración unas 300.000 personas.

Irónicamente, la abogada voluntaria de Ndiaye le está pidiendo a un juez de inmigración que dictamine que el gobierno no puede excarcelar a una persona inconsciente y que impida su liberación. Quiere que el gobierno se responsabilice por su atención y eventualmente de su regreso a Senegal, donde los padres de Ndiaye rezan para que se produzca un milagro.

“Él es nuestra gran esperanza”, dijo su padre, Mor Ndiaye, mientras sostenía un rosario musulmán durante una entrevista en su casa de Touba, la segunda ciudad más grande de Senegal. “Todo lo que hizo, lo hizo para sostener a su familia”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es responsable del cuidado de los detenidos sin importar dónde son alojados.

Y al gobierno le conviene liberar a los inmigrantes enfermos para evitar tener que pagar por costosos tratamientos que los hospitales ofrecen gratis a los pacientes pobres, según Marc Stern, experto en medicina que trabajó en la sección de Libertades y Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, que investiga las quejas de los detenidos.

En algunos casos el gobierno puede tener incentivos para liberar a inmigrantes gravemente enfermos porque las muertes estando bajo custodia son investigadas y generan revuelo. “Puede perjudicarles el que muera estando detenido”, indicó Stern.

La portavoz del servicio de inmigración Lauren Mack dijo que Ndiaye fue liberado por razones humanitarias y que ahora su familia y sus médicos pueden tomar las decisiones médicas que les parezcan pertinentes.

Desistió de comentar qué hacen las autoridades de inmigración cuando alguien intenta suicidarse estando detenido, aunque señaló que se preparó un informe según el cual se cumplieron todas las normas a seguir en casos como el del senegalés.

No es la primera vez que activistas cuestionan la liberación de inmigrantes detenidos. En el 2015, el etíope Teka Tulema fue hospitalizado con una infección en un centro de detención en Alabama. Fue atendido por las autoridades por casi un año antes de ser liberado. Dos meses después falleció en un hospital, según Christina Mansfield, cofundadora de la organización Iniciativas de la Comunidad para Inmigrantes Visitantes Confinados (Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement).

Hasta la semana pasada, Ndiaye estaba internado en el Arrowhead Regional Medical Center de Colton, ciudad del sur de California, con un tubo en el cuello para ayudarlo a respirar y otro para alimentarlo. Tenía la mirada perdida y no respondía a los visitantes.

El centro médico no quiso dar información sobre Ndiaye. Pero su subdirector Ron Boatman dijo que la institución cubría los costos médicos de los indigentes.

En Senagal, mientras tanto, la familia de Ndiaye sufre porque no puede ayudarlo. Nadie sabe por qué fue a parar a Estados Unidos.

Ndiaye pasó su infancia en Touba y cursó estudios en una escuela musulmana. A los diez años ya le llevaba algún dinero a su madre que ganaba cosiendo.

Más adelante se mudó a la capital, Dakar, para trabajar como sastre y enviaba dinero todos los meses.

En el 2013 les dijo a sus padres que tenía una visa para ir a Brasil y les pidió que rezasen por él. Estuvo dos años trabajando en una fábrica en Brasil y enviando dinero a su familia, junto con selfies que mostraban su nueva vida.

Sin decirles a sus padres, un día partió de Brasil y recorrió nueve países en auto, autobús y a pie, hasta llegar a la frontera estadounidense. Es un largo trayecto que emprenden muchos africanos, quienes les dicen a las autoridades estadounidenses que tienen miedo de volver a sus países.

Ndiaye dijo al servicio de inmigración que se fue de Senegal por razones económicas y por diferencias religiosas con su familia, y fue enviado a un centro de detención en California.

La familia se enteró de su paradero cuando Ndiaye llamó a un hermano y le dijo que estaba detenido en Estados Unidos.

La familia de Ndiaye no sabe por qué decidió irse a Estados Unidos. Especula que tal vez quiso ir con un tío, Mor Diagne, que vive allí desde hace 35 años, en Connecticut.

En una vista sobre su pedido de asilo Ndiaye le dijo a un juez que se había ido de su país porque era gay y temía ser asesinado si volvía. El juez, no obstante, dijo que había contradicciones en el relato de Ndiaye, negó la solicitud y ordenó su deportación.

Ndiaye apeló el fallo y perdió. Tenía programada otra vista en octubre, a la que no pudo ir.

Funcionarios del servicio de inmigración llamaron a Diagne, un vendedor callejero de Connecticut, para decirle que Ndiaye había tratado de suicidarse. Diagne fue a California para verlo.

La abogada de Ndiaye, Carrye Washington, dijo que dos guardias lo vigilaban. Diagne firmó los papeles autorizando a que le insertasen a su sobrino tubos para alimentarlo.

“No quiero decirles que desconecten la máquina y dejarlo morir”, expresó Diagne. “El médico dijo que las máquinas lo mantienen vivo y que si las desconectan, morirá en cuestión de minutos”.

Una semana después, el servicio de inmigración desistió de buscar la deportación de Ndiaye y dispuso su liberación. Le envió todas sus pertenencias en una caja a su tío Diagne.

El tío dice que teme que le quieran hacer pagar los gastos médicos de su sobrino, algo que él no está en condiciones de hacer.

El padre de Ndiaye cuenta que no le dijo a su esposa la gravedad del estado de su hijo. La pareja asegura que no sabía nada de que Ndiaye fuese gay, lo que es ilegal en Senegal. Algunos parientes creen que lo dijo solo para conseguir asilo.

Desde la detención de Ndiaye, la familia tiene muchos problemas económicos. El padre fue a Dakar a buscar trabajo y se suspendió el bautismo de una sobrina de Ndiaye porque no tenían dinero para la tradicional fiesta.

No está claro si hay alguna posibilidad de que Ndiaye se recupere ni lo que va a pasar con él. Hay programada una vista para diciembre y la abogada Washington dijo que espera que se ordene la deportación.

“Lo ideal sería que se despertase y fuese a Senegal”, dijo Diagne. “Si va a morir, quiero que muera en su casa, con sus padres”.

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Larson informó desde Touba, Senegal.

La reportera de Associated Press Ndeye Sene Mbengue colaboró también en este despacho desde Touba.