CARACAS (AP) — La Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó el jueves que se retire la inmunidad a Germán Ferrer, diputado disidente que es esposo de la destituida fiscal general, lo que abre la puerta a las autoridades para enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde extorsión hasta lavado de dinero.

La Constituyente, integrada en su totalidad por partidarios del presidente Nicolás Maduro, aprobó por unanimidad el allanamiento de la inmunidad de Ferrer, que autoriza al Tribunal Supremo de Justicia a continuar con su enjuiciamiento y detención, dijo Delcy Rodríguez, excanciller y presidenta de la Constituyente.

La medida fue aprobada horas después que el máximo tribunal, controlado por el gobierno, ordenara la captura de Ferrer por supuestamente dirigir una red de extorsión que operaría desde el Ministerio Público. La oposición consideró la medida como una "escalada de la persecución" contra los sectores adversos al gobierno.

El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, solicitó en la víspera la detención de Ferrer, y remitió el caso a la Asamblea Constituyente, que asumió el proceso para retirarle la inmunidad al congresista para enjuiciarlo.

Saab ha dicho que se presume que el esposo de Luisa Ortega Díaz dirigía una "banda de extorsión" y agregó que los delitos que habrían cometido Ferrer y otras personas implicadas en el caso están los de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.

"En vista de todo esto de lo que hemos encontrado en apenas estos días nosotros estamos en la responsabilidad de devolverle la honorabilidad al Ministerio Público”, dijo el fiscal general durante su intervención en una sesión de la Constituyente el jueves.

La demanda contra Ferrer la emprendió un grupo de integrantes de la recién formada Asamblea Constituyente encabezada por Diosdado Cabello, quienes acusan al diputado disidente, a dos fiscales del Ministerio Público y a una presunta exdirectora de esa dependencia de supuestamente dirigir desde 2016 una red ilícita que habría recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.

Cabello consignó en el Ministerio Público los documentos originales de las seis cuentas que supuestamente abrieron Ferrer y los otros implicados en la filial de Bahamas de la sociedad suiza de servicios financieros UBS.

En un mensaje que difundió en el portal Punto de Corte, Ferrer negó haber firmado los documentos que presentó Cabello, y retó a sus acusadores a que comparen su firma con la mostrada en las supuestas cuentas bancarias. "Como todo neofascismo, este gobierno ya no tienen ningún parámetro ni vergüenza", agregó el congresista de 72 años.

Hasta el momento se desconoce dónde se encuentran Ferrer y Ortega, quien hace cuatro meses se enfrentó al gobierno luego de ser vinculada por años al oficialismo.

Por este caso también son procesados los fiscales Pedro Lupera, Luis Sánchez y Gioconda García, quien se presume fue directora de despacho de Ortega Díaz, y el abogado José Rafael Parra, quien según Cabello constituyó en Panamá la empresa PSP, desde donde se habrían contactado a las personas para extorsionarlas.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, cuestionó el proceso que se ha seguido en el caso de Ferrer y expresó en un comunicado que la constitución sólo faculta al Congreso para allanar la inmunidad de un diputado.

"Alertamos a la comunidad internacional de una nueva escalada represiva en contra de los parlamentarios", señala el escrito en el que se anuncia que los legisladores solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección para resguardar su integridad y el pleno ejercicio de sus funciones. Asimismo, los diputados indicaron que llevarán el caso de Ferrer ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

La vivienda de Ferrer y la fiscal general, que fue destituida a comienzos de mes por la Constituyente, fue allanada el miércoles por miembros de la policía política.

Ortega rechazó a través de Twitter el allanamiento a su apartamento, acción que consideró como una "venganza" del gobierno.

La Constituyente, que se instaló a comienzos de mes, se ha declarado con poderes sobre todas las demás instituciones gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional, y se ha atribuido facultades judiciales y penales a través de la llamada Comisión de la Verdad. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra Maduro.