CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Un inmigrante brasileño que iba a ser deportado y acusó a Estados Unidos de incumplir un acuerdo que le permitió quedarse hace 15 años podrá permanecer de momento en el país, dijo el viernes una corte federal de apelaciones.

La Corte de Apelaciones del 1er Circuito en Boston señaló en su fallo que necesitaba tiempo para revisar el caso de Renato Filippi, de 58 años, cuya deportación estaba programada para el 6 de noviembre. El panel de tres jueces dijo que concedía a Filippi la permanencia “sin tocar ningún aspecto jurisdiccional ni los méritos de la solicitud de revisión”. No especificó la duración de la permanencia.

“El fallo es inusual porque las personas intentan conseguir a diario decisiones de esta naturaleza y rara vez alguien lo logra”, dijo Robert McDaniel, abogado de Filippi, después de la decisión.

Filippi dijo que ingresó a Estados Unidos en 2002 por la frontera con México con la ayuda de contrabandistas. Fue arrestado, pero señaló que las autoridades federales lo reclutaron para que sirviera de informante sobre las personas que lo ayudaron a entrar en el país.

Dijo que le habían prometido que podría quedarse en Estados Unidos de forma permanente. Ahora que enfrenta la deportación, Filippi dijo que ha recibido amenazas desde Brasil y teme regresar.

Filippi tiene número de Seguro Social y una licencia de manejo, y trabaja como gerente de una compañía que renta espacios de almacenamiento. Trajo a su esposa e hija desde Brasil y compró una casa. Pero cuando solicitó asilo, la Junta de Apelaciones de Inmigración dijo que no había sustentado su caso y le denegó la petición en 2015.

Durante años, Filippi se ha presentado en forma regular ante las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) como parte del requisito de “orden de supervisión”. Cuando Filippi acudió de rutina a la oficina del ICE en Manchester el 5 de septiembre, le avisaron formalmente que lo deportarían en 60 días.

El brasileño demandó al gobierno para que su caso fuera analizado. Un juez federal en Nueva Hampshire dijo que carecía de competencia y Filippi llevó su caso a la corte de apelaciones. El brasileño también solicitó que la Junta de Apelaciones de Inmigración reabriera el caso debido al aviso de deportación del 5 de septiembre.

En su argumento para que la demanda fuera desechada, el gobierno dijo que la corte de apelaciones no tenía jurisdicción para emitir un fallo.