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Cardenal chileno declara por presunto encubrimiento de abuso

March 29, 2019
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El cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, ex asesor papal, llega a la oficina del fiscal para ser interrogado en Santiago, Chile, el jueves 28 de marzo de 2019. Errázuriz está acusado de haber encubierto a sacerdotes abusadores mientras era arzobispo de Santiago, un cargo que ha negado. (AP Foto / Esteban Félix)

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, declaró el jueves como imputado por el supuesto encubrimiento de más de diez casos de abuso sexual que fueron cometidos en Chile por sacerdotes.

Apoyándose en un bastón y visiblemente molesto, Errázuriz declinó hablar con la prensa al ingresar a la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Su declaración se extendió por más de seis horas y continuará el viernes.

Al finalizar, el sacerdote se retiró por una puerta lateral. Su abogado, Juan Diego Acosta, señaló que la voluntad de Errázuriz es la colaboración --como muestra su larga declaración-- y que su postura es aclarar que “no ha existido ningún encubrimiento en términos penales”.

“La imputación en este caso se refiere a su conducta, al cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones como arzobispo”, explicó el fiscal Emiliano Arias, de la región de O’Higgings y a cargo de muchos de los casos de abuso en la Iglesia chilena. Agregó que se trata de aproximadamente diez investigaciones.

Errázuriz fue también obligado a renunciar del gabinete de asesores del papa Francisco después de que saliera a la luz el alcance de sus supuestos encubrimientos.

Por su parte, el cardenal Ricardo Ezzati, removido de su cargo como arzobispo de Santiago el sábado por el papa Francisco, deberá declarar ante la justicia por las mismas causas en las próximas semanas.

En su anterior presencia ante un tribunal chileno, Ezzati se acogió a su derecho de no declarar, lo que fue criticado por muchos sectores, especialmente redes de víctimas, por no mostrar colaboración.

Ezzati negó el encubrimiento de algún abuso durante su tiempo a cargo del Arzobispado en declaraciones a medios chilenos.

Ambos han sido muy cuestionados por las víctimas, especialmente por las del cura pedófilo más emblemático de Chile, Fernando Karadima, condenado a una vida de penitencia y oración en un juicio canónico y expulsado de la Iglesia por el papa Francisco en septiembre.

Precisamente en la parroquia de El Bosque, la misma donde ejerció su poder Karadima durante muchos años, se presentó el jueves el nuevo administrador del Arzobispado de Santiago, el capuchino español Celestino Aos, que se reunió y charló con sacerdotes víctimas de abuso de conciencia por parte de Karadima que fueron recibidos por el papa Francisco en el Vaticano el año pasado: Sergio Cobo, Eugenio de la Fuente, Alejandro Vial y Carlos Irarrázabal.

“Los abusos por desgracia fueron importantes y tenemos que reconocerlo en Fernando Karadima, pero los abusos no son exclusivos de él”, señaló Aos. “Tenemos que reaccionar ante eso, nosotros estamos reaccionando ante esos hechos que ocurrieron, que no debieron ocurrir, que queremos que no vuelvan a ocurrir jamás”.

Aos fue cuestionado por nuevas informaciones que aparecieron el jueves, en las que se le acusó de supuestamente no haber reaccionado de manera adecuada ante las denuncias contra un sacerdote, Antonio Vargas, que presuntamente abusó sexualmente de varias mujeres y menores y que fue enviado de vuelta a España, de donde era originario.

De manera visiblemente tensa, Aos adoptó una actitud defensiva afirmando que ante este caso “yo actué como correspondía”, ya que “a pesar de que no hubo una denuncia y yo no tenía obligación de remitir esos antecedentes al Vaticano yo envié esos antecedentes en consulta y el Vaticano es el que responde”.

El administrador apostólico del Arzobispado De Santiago señaló a los cuestionamientos que el sacerdote fue enviado de vuelta a España por motivos de salud y porque no hubo una denuncia.

Según datos ofrecidos por la Fiscalía Nacional a The Associated Press, existen 158 causas en la fiscalía por abusos en el seno de la Iglesia, que implican a 219 personas investigadas y 241 víctimas. Al menos 123 de esas víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.