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Presidencia de Guatemala niega haber pedido protección

June 12, 2015

GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina negó haber solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el cual se busca revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite para el retiro de su inmunidad como mandatario.

En conferencia de prensa, Jorge Ortega, vocero presidencial, dijo que el mandatario no conoce al abogado Edgar José Elías Corominal, quien hizo la solicitud en nombre de Pérez Molina, y que el presidente no ha solicitado nada.

El documento, al que tuvo acceso The Associated Press, está firmado por Elías Corominal, supuestamente a petición del presidente, y en él se establece que Pérez Molina asegura que la acción de la Corte Suprema de tramitar la solicitud para retirarle la inmunidad se habría hecho sin un “profundo y verdadero análisis jurídico”.

“El recurso que fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo no tiene nada que ver en esa situación; está siendo usado el nombre del señor presidente”, dijo Ortega, y aclaró que el viernes personal de la secretaria general de la presidencia se presentará ante el Ministerio Publico para que se hagan las investigaciones pertinentes.

La Corte de Constitucionalidad inició el trámite del amparo solicitado.

Pérez Molina dijo el jueves que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra por denuncias de corrupción que han dado pie a que se tramite el retiro de su inmunidad como mandatario, y afirmó que queda a la espera del debido proceso.

“No tengo ninguna responsabilidad; me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones”, afirmó en conferencia de prensa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tomada la víspera, en la que dio trámite y envió al Congreso de la República una solicitud que analiza si le retiran o no la inmunidad para ser investigado.

El Congreso ha programado para el viernes una sesión para elegir entre los 158 diputados a 5 legisladores que integraran la comisión investigadora que entregara un informe al pleno donde recomendaran retirar o no la inmunidad al mandatario.

La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al Seguro Social por 15 millones de dólares.

Pérez Molina dijo que no existía ninguna línea jerárquica entre las decisiones que tomaron directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, instituciones en las que se habrían cometido los hechos de corrupción.

La denuncia de Pop se basa en los casos investigados por las autoridades y por escuchas telefónicas aportadas al caso. En una llamada telefónica grabada se escucha cuando los involucrados en el caso de la defraudación aduanera hablan sobre que “el presidente ordenó el cambio de la forma de operar porque ya estaba en curso la investigación” de las autoridades, dice la denuncia.

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticuló el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que desfalcó al fisco guatemalteco. Según las autoridades la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

La vicepresidenta tuvo que renunciar del cargo el 8 de mayo, luego de que también se diera trámite a un antejuicio en su contra por su vinculación en la defraudación, y actualmente tiene una prohibición para salir del país mientras se investiga el caso.

El segundo caso se refiere al fraude a través de contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con Droguería Pisa de Guatemala, a quien se le adjudicó un contrato por 15 millones de dólares para la prestación de servicios médicos a pacientes renales, el cual se habría hecho bajo el cobro de comisiones.

En ambos casos funcionarios de alto nivel y de confianza de Pérez Molina han sido detenidos, como el presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario de Pérez Molina, y Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria.

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