SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un juez ordenó que el expresidente sea puesto bajo arresto domiciliario luego que el viernes se presentó voluntariamente para responder a las acusaciones de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por unos 15 millones de dólares durante el ejercicio del cargo entre 1999 y 2004.

La abogada de la acusación particular Berta de León informó que "al finalizar la audiencia la decisión del juez fue darle arresto domiciliario por considerar que no hay peligro de fuga", en alusión a la presentación voluntaria del exgobernante ante el tribunal.

Ulises Marinero, jefe de prensa del centro judicial en el que se encuentra el expresidente, confirmó la decisión del juez.

"Ha estado huyendo más de cinco meses y no es cierto que se haya presentado voluntariamente. Tiene alerta internacional de captura en 190 países", dijo De León

Flores huía de la justicia salvadoreña y tenía una difusión roja de la Interpol y orden de captura desde mayo.

En breves declaraciones al salir del tribunal, el exmandatario que era custodiado por agentes del Grupo de Reacción Policial dijo que, "me he presentado ante el juez de manera voluntaria en respeto a la ley".

Al pedirle su opinión de la resolución del juez, Flores respondió: "Creo que no voy a poder dar declaraciones en este momento, pero repito lo que dije, me he presentado de forma voluntaria en este juzgado por respeto a la ley".

"Ese es un mensaje negativo para la justicia de este país", manifestó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara que se quejó del esfuerzo que hacen para llevar a los criminales ante la justicia y reciben consideraciones de los jueces.

La audiencia inicial contra el exmandatario está programada para noviembre de este año y Flores permanecerá "bajo arresto" en su casa en la colonia San Benito, una lujosa zona residencial, donde será custodiado por fuerzas especiales de la policía.

Tanto la fiscalía como la acusación recurrirán el arresto domiciliario y pedirán que Flores sea enviado a una prisión.

"De otra manera, nos encontramos ante la aplicación de la ley de manera diferente dependiendo de la persona que está procesada", dijo León.

El expresidente es acusado de peculado por 5,3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por otros 10 millones de dólares provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán. Además es acusado de desobediencia por no haberse presentado a una cita formulada por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el destino de la millonaria donación taiwanesa.

Las autoridades embargaron bienes inmuebles del ex gobernante, entre ellos propiedades, vehículos, varias lanchas y cuentas bancarias. Fue visto en público el 28 de enero cuando compareció ante una Comisión de la Asamblea Legislativa para explicar el destino de los donativos de Taiwán

El diputado Guillermo Gallegos, que formó parte de la Comisión legislativa que investigó el caso, dijo a los periodistas que "al expresidente Flores se le acabó el mundo como cárcel, como prisión. No es fácil ser prófugo de la justicia toda la vida".

Gallegos dijo que espera que el juez Orellana, tome en cuenta que Flores "ha sido prófugo de la justicia durante los últimos ocho meses y no lo ponga en libertad y lo mande a su casa. Lo que merece es ir a prisión".

De ser condenado, podrían condenarlo a hasta 23 años de prisión.

Flores es uno de los principales dirigentes del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que al conocer las acusaciones contra él, le suspendió sus derechos como militante, pero no lo expulsaron como exigieron líderes fundadores.

La investigación en su contra se inició luego de conocerse un reporte de operaciones sospechosas detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía General el 23 de septiembre de 2013.

Flores sostuvo ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que toda la ayuda que recibió durante su mandato fue entregada a los beneficiarios, negó que haya depositado cheques de la ayuda de Taiwán en cuentas bancarias y dijo que "jamás existió o ha existido beneficio personal de ningún tipo en el manejo de las cuentas de Taiwán". No dio nombres de personas o instituciones a las que se les haya entregado la ayuda taiwanesa.

Los abogados defensores sostienen que la Fiscalía no ha presentado pruebas de los supuestos delitos cometidos por el expresidente salvadoreño.