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Condenan a exgobernador mexicano tras declararse culpable

September 28, 2018

En esta foto de archivo del 17 de julio de 2017, el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, es escoltado por la policía a un avión mientras es extraditado a la Ciudad de México, en una base de la Fuerza Aérea en la ciudad de Guatemala. Los fiscales mexicanos dijeron el jueves 27 de septiembre de 2018 que Duarte se declaró culpable de los cargos de crimen organizado y lavado de dinero. (AP Foto/Moises Castillo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía mexicana informó el jueves de que el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, se declaró culpable de los delitos de crimen organizado y lavado de dinero como parte de un acuerdo para reducir su condena, que quedó reducida a nueve años de cárcel y el embargo de 41 de sus propiedades.

Este fue un final inesperado para uno de los casos de corrupción de más alto perfil en México en los últimos años.

Duarte tomó una licencia como gobernador de Veracruz en octubre de 2016 durante la que aprovechó para fugarse a Guatemala, de donde fue extraditado en julio de 2017 para enfrentar a la justicia mexicana.

A pesar de la condena, no tendrá que pagar reparaciones y podrá solicitar la libertad condicional en apenas tres años.

“En casos como éste nunca estaremos satisfechos”, dijo el fiscal federal Felipe de Jesús Muñoz. “Debemos seguir lo que la ley dice”, explicó.

Muñoz señaló que el valor de las propiedades confiscadas a Duarte, que robó millones de fondos públicos que invirtió en el sector inmobiliario, es “muy significativo” y casi el equivalente a las reparaciones que debería pagar por malversar millones de pesos del erario público.

Según el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, las 41 propiedades tienen un valor de 800 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) pero aun así insistió en que no estaba de acuerdo con la sentencia, “nos parece más que sentencia, un perdón a un delincuente”.

Yunes recordó que hay varias acusaciones pendientes contra el exgobernador. Por un lado, existen dos procesos abiertos en la fiscalía del estado por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal y tráfico de influencias pero, además, hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutar por desaparición forzada de personas.

Para poder procesarle por este delito, que ya tiene en la cárcel al ex fiscal estatal veracruzano, el ex jefe de Seguridad Pública y a otras 51 personas acusados de secuestrar y matar a 15 civiles, es necesario que Guatemala lo autorice, ya que solo fue extraditado para juzgarle por corrupción.

En este sentido, Yunes dijo que la cancillería mexicana ya hizo la solicitud a Guatemala en mayo y ahora confía en que el país vecino dé respuesta a tal petición en las próximas semanas.

Yunes también solicitó a la fiscalía federal que agilice los casos contra los otros implicados en la trama de corrupción de Duarte, entre otros, su esposa, Karime Macías, que está buscada por la Interpol.

Duarte es uno de varios exgobernadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusados por cargos de corrupción. Entre ellos se encuentra César Duarte, exgobernador de Chihuahua y actualmente prófugo, y Tomas Yarrington de Tamaulipas, quien fue arrestado en Italia el año pasado.

Según analistas el disgusto de la población hacia los exgobernadores acusados de corrupción jugó un papel importante en la aplastante derrota del PRI en las pasadas elecciones presidenciales y estatales.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que hizo de la lucha contra la corrupción la máxima de su campaña, aseguró que la sentencia es una muestra de que no hay voluntad política en el gobierno de Enrique Peña Nieto para luchar contra este problema porque, a su juicio, no se presentaron todas las pruebas que había contra el exgobernador. “Todo es puro circo”, aseguró.

“Cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes (...) cuánto show sobre estos asuntos, para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”, afirmó el jueves por la tarde en un acto público en el que reiteró su compromiso de aumentar las penas contra este delito cuando empiece a gobernar.

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