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Perú estrena ley pionera y entrega restos de desaparecidos

August 17, 2018
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En imagen del 14 de agosto de 2018, los parientes toman fotografías con sus celulares de los restos de Fortunato Ventura Huamacusi, un hombre que murió a manos del ejército peruano en 1983, antes de colocar el ataúd en el nocho en el cementerio de Rosaspata, en la provincia peruana de Ayacucho. Más de 20.300 peruanos aún tienen la condición de desaparecidos tras la violencia entre las fuerzas de seguridad y los ultraizquierdistas de Sendero Luminoso durante las décadas de 1980 y 1990. (AP Foto/Rodrigo Abd)

AYACUCHO, Perú (AP) — Por primera vez el Estado peruano entregó durante la semana 14 restos óseos de personas consideradas desaparecidas a sus familiares bajo una ley pionera en América Latina que enfatiza y agiliza la entrega humanitaria de las osamentas de los asesinados a sus seres queridos, que los buscaron por décadas tras un sangriento conflicto armado interno que enfrentó a las fuerzas de seguridad y al grupo terrorista Sendero Luminoso.

“En otros países de América Latina no se ha usado este modelo de enfoque humanitario”, dijo a The Associated Press Susana Cori, responsable del programa de desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En la mayoría de los países de la región se necesita presentar una denuncia antes de realizar la exhumación. Colombia aprobó una ley similar a la peruana para buscar los desaparecidos de su conflicto interno de más de medio siglo pero todavía no ha sido puesta en vigencia.

La ley, aprobada en 2016, privilegia la identificación y devolución de los restos. Luego, si es posible, investiga las razones de las muertes de más de 20.300 peruanos que aún tienen la condición de desaparecidos tras las dos décadas de violencia entre las fuerzas de seguridad y los ultraizquierdistas de Sendero Luminoso.

Antes si una familia quería buscar a un familiar desaparecido en Perú tenía que denunciarlo obligatoriamente ante la fiscalía, presentar testigos y seguir un extenso proceso que demandaba tiempo y dinero. En la mayoría de casos la fiscalía -con escasos recursos y sobrecarga de trabajo- no lograba identificar al autor del delito y no ordenaba la exhumación de los restos, prolongando el sufrimiento de los familiares.

Entre los desaparecidos, la ley peruana también incluye a quienes fueron enterrados de manera informal durante el periodo de la violencia política y que no poseen un certificado de defunción.

Uno de esos casos era el de Alberto Ramos, agricultor asesinado en 1983 por los militares y enterrado por su familia en su comunidad. Más de tres décadas después, sus restos fueron exhumados en junio y tras un examen genético se verificó el parentesco con su padre Andrés Ramos, de 98 años, quien esta semana junto con decenas de familiares le dio sepultura por segunda vez a dos metros de su antigua tumba. Existen casi 6.000 peruanos en la misma situación de Alberto Ramos.

Las exhumaciones en parajes usualmente remotos de los Andes o la Amazonía son realizadas por el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal dirigido por el arqueólogo Luis Rueda. “En 16 años hemos exhumado los restos óseos de 3.823 peruanos”, dijo Rueda.

Según los expertos, para buscar a los miles de peruanos desaparecidos se necesita un presupuesto de al menos 900.000 dólares anuales. El Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo que donar el dinero para construir la mayoría de los nichos en los que fueron enterrados los 14 desaparecidos identificados y el transporte de los campesinos hasta las oficinas de la fiscalía donde recibieron los restos de sus familiares.

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