BUENOS AIRES (AP) — Mientras la expresidenta argentina Cristina Fernández denunció el uso de tóxicos y otras supuestas irregularidades durante el allanamiento a una de sus propiedades en la causa judicial que la investiga como jefa de una organización delictiva dedicada a sobornar empresarios durante su gestión, el gobierno de Mauricio Macri creó el lunes un fideicomiso para evitar que el escándalo demore los proyectos de obra pública.

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un “tóxico de contacto” durante la inspección realizada la semana pasada a un departamento de Fernández (2007-2015) en Buenos Aires que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Claudio Bonadío, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener obras públicas.

"No se usó ningún tipo de químico... No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", señaló Roncaglia al canal Todo Noticias. “El personal que actuó es súper profesional... nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme al derecho”, agregó.

Fernández, de 65 años, había difundido previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar".

El letrado indicó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató “que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto".

El abogado indicó que su clienta no había podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió presenciar el allanamiento.

Además del departamento de la capital argentina, fueron requisadas otras dos propiedades de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.

Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las propiedades bajo la sospecha de que en esos lugares la exmandataria podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.

Fernández no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

Fernández -la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas- ha negado ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder al presidente Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.

La senadora ha puesto en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que -según versiones de la prensa con acceso a la causa judicial- confesaron el pago de sobornos y afirmaron que Fernández estaba al tanto.

La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado registró los días y horarios en los que empresarios habrían pagado sobornos durante la presidencia de los Kirchner.

Como varias de las empresas involucradas en el escándalo participan actualmente en proyectos de obra pública, el gobierno teme que la causa judicial afecte la actividad económica por tratarse de un sector que mueve mucho dinero y genera miles de puestos de trabajo.

Según el gobierno, los bancos “plantean dificultades para concretar el financiamiento en infraestructura, mientras la justicia prosigue las definiciones sobre las empresas constructoras” involucradas en la causa. Los bancos tenían proyectado otorgar unos 1.200 millones de dólares.

A través del fideicomiso lanzado el lunes, el gobierno oficiará de garante e intermediario “tomando fondos prestados de bancos y luego girándolos a las firmas con el mismo financiamiento que venían negociando”.