GUATEMALA (AP) — El Congreso de Guatemala aprobó el miércoles de última hora una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder.

La reforma ha desencadenado una ola de rechazo.

En una acción que los críticos consideraron una maniobra del Congreso para proteger al presidente y a sus políticos de posibles acciones futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito, y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.

La diputada opositora Sandra Morán, quien votó en contra, dijo que las reformas favorecen la impunidad en Guatemala.

Los legisladores hicieron los cambios tras considerar que se trataba de algo con carácter de “urgencia nacional” y pospusieron otras discusiones, incluida una sobre la alimentación escolar, lo cual recibió diversas críticas, incluida de la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El diputado Orlando Blanco del partido Unidad Nacional de la Esperanza fue quién solicitó la aprobación de urgencia y a ella se unieron los legisladores. Blanco ha sido acusado del delito de financiamiento electoral ilícito.

Al ser consultado si los cambios en la ley eran ad hoc a su persona respondió que no, que era coincidencia.

“No me afecta porque yo voy a ir a tribunales a ver mi proceso”, dijo.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la representación diplomática estadounidense señaló que, según el Congreso guatemalteco, otros temas como las escuelas, las carreteras y los hospitales no son algo de urgencia nacional. Sin embargo, añadió, “¿Reforma al delito de financiamiento electoral ilícito? = Urgencia nacional”.

El Sector Empresarial Organizado, que agrupa a compañías guatemaltecas de distintos sectores, expresó su rechazo y llamó al presidente Morales a vetar las reformas. “Fueron diseñadas para asegurar la impunidad”, indicó el grupo en un comunicado de prensa.

Para Carlos Ovalle, abogado y columnista, con las modificaciones “los políticos se están blindando y no están midiendo las consecuencias”.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó la acción de los diputados de “indignación, vergüenza nacional, un descaro”.

“No podemos ser indiferentes, usan financiamiento ilícito, saquean nuestro país, se recetan bonos, se eximen de responsabilidades”, afirmó en un tuit, y luego preguntó “¿Qué más viene?”.

Rotman Pérez, secretario del Ministerio Público, dijo a periodistas que con la reforma quedan por lo menos 400 delitos exonerados de cumplir prisión, entre ellos extorsiones, robos agravados, algunas variantes de homicidio, testaferrato, peculado, malversación, cohecho, pornografía infantil.

Para que entren en vigor, las reformas deben ser promulgadas por el presidente Morales, quien ha negado haber incurrido en irregularidades durante su campaña. Hace dos días el Congreso lo respaldó al no aprobar que se le retirara la inmunidad y pudiera ser investigado por financiamiento electoral ilícito.

La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a Morales de supuestamente ocultar información contable y financiera del partido político que lo llevó al poder por una cantidad equivalente a unos 825.000 dólares durante su campaña de 2015.

Un par de días después de haber sido señalado de las irregularidades, Morales ordenó la expulsión del titular de la CICIG, lo cual lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Morales llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, luego de que su antecesor, Otto Pérez Molina, fuera detenido y enviado a prisión para ser procesado por delitos relacionados con sobornos.

Esta semana también se conoció que Morales ha recibido durante 9 meses un sobresueldo de 61.000 dólares por parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas que investiga el pago dijo el miércoles que le ha dado al mandatario 15 días de plazo para que presente sus argumentos de descargo, o para que en ese plazo devuelva el dinero porque éste se le dio de forma ilegal.

Unas mil personas se reunieron frente al Congreso para mostrar su rechazo a la medida de los legisladores.

“¡No toleraremos ese pacto de corruptos!”, “¡El pueblo presente, no tiene presidente!”, “¡Que caigan todos, que no quede ninguno!”, coreaban.