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Centroamericanos temen perder su status especial en EEUU

October 30, 2017

Iris Acosta, una hondureña que trabaja en la limpieza de un hotel, posa para una foto en el departamento de una hermana en Los Ángeles el 18 de octubre del 2017. Acosta está cobijada por un programa temporal que le permite trabajar en Estados Unidos, pero teme que pronto sea eliminado por el gobierno de Donald Trump. "No sé qué haría en mi país", en caso de ser deportada, dijo Acosta. "No tengo nada allí". (AP Photo/Jae C. Hong)

LOS ANGELES (AP) — Irma Acosta lleva dos décadas cobijada por un programa temporal que le ha permitido trabajar, costear los estudios de sus tres hijos en Honduras y gozar de un seguro de salud que paga por su tratamiento contra el cáncer.

Ahora, esta empleada de limpieza de un hotel de 51 años residente en Los Ángeles teme perder todo eso.

Acosta es una de unos 400.000 inmigrantes que han podido permanecer en Estados Unidos gracias a un programa humanitario renovable cada dos años que podría correr peligro bajo el gobierno de Donald Trump.

Los beneficiarios, muchos de los cuales vinieron ilegalmente de Honduras y El Salvador, creen que el gobierno eliminará el programa en forma escalonada y los mandará de vuelta a países en los que no viven desde hace años.

“No sé qué haría en mi país”, declaró Acosta, quien ha vivido casi la mitad de su vida en Estados Unidos. “No tengo nada allí”.

El programa Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés TPS (Temporary Protection Status), abarca a países azotados por desastres naturales o guerras. Es una solución temporal para inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso de residencia, algo similar el programa que cobijó a jóvenes con status migratorio irregular que fueron traídos al país de niños, que el gobierno acaba de suspender.

Diez países son cobijados por el TPS, pero más del 70% de los beneficiarios son de El Salvador y Honduras, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

El programa fue creado mediante una ley, pero la Casa Blanca decide qué países participan y por cuánto tiempo.

Cuando el gobierno admite a un país en el programa, sus ciudadanos que ya están en Estados Unidos pueden permanecer en el país y trabajar, sin importar cómo llegaron. No pueden traer familiares.

El gobierno ofreció este status a hondureños y nicaragüenses luego de que sus países fuesen azotados por el huracán Mitch en 1998 y a los salvadoreños tras un terremoto del 2001. La idea era permitir que los inmigrantes trabajasen y enviasen dinero a sus países para ayudar a recuperarlos de los daños sufridos, sin ser una carga para naciones con muchos deportados.

Si bien el status es temporal, fue renovado siempre bajo los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama por considerar que esos países no estaban en condiciones de recibir a tanta gente si era enviada de vuelta. Es así que muchos de estos inmigrantes llevan en el país 20 años cobijados por lo que se supone es un programa temporal.

Se avecina el período de renovación y se espera que se decida qué hacer con nicaragüenses y hondureños a principios de noviembre.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración no han dicho qué planes tiene el gobierno. La Secretaría de Seguridad Nacional analizará las condiciones de esos países y tomará una decisión al menos 60 días antes de que venza el plazo.

El gobierno de Trump ha adoptado mano dura hacia la inmigración ilegal y ha insinuado que lo mismo haría con el programa.

Desde que asumió, Trump eliminó a Sudán de la lista de beneficiarios y empezó a conceder renovaciones más cortas que lo normal a los haitianos, que fueron cobijados tras un devastador terremoto del 2010.

Activistas a favor de la causa de los inmigrantes sin papeles están presionando a los legisladores para que traten de preservar el programa. Sindicatos y organizaciones defensoras de estos inmigrantes organizaron actos y vigilias para esta semana en Washington y Los Ángeles.

Pero el programa no ha recibido demasiada atención comparado con DACA, la iniciativa que ampara a los jóvenes traídos al país de niños, muchos de los cuales tienen estudios universitarios, se criaron en Estados Unidos, gozan de conexiones políticas y saben manejar las redes sociales. En contraste, los beneficiarios del TPS generalmente son mucamas o trabajan en la construcción y no tienen el peso político de los cobijados por DACA.

“Estos son trabajadores”, expresó Cecilia Menjívar, profesora de sociología de la Universidad de Kansas, que ha investigado a los beneficiarios del programa.

Acosta vino a Estados Unidos ilegalmente en 1992 porque no podía subsistir en Honduras. Empezó a trabajar como sirvienta en distintas casas y cuando obtuvo su permiso de trabajo consiguió un empleo más formal, con beneficios y un ingreso seguro.

Pudo ayudar a su madre y sus hijos a recuperarse del huracán. La familia fue evacuada antes de la tormenta, pero perdió casi todas sus pertenencias cuando su departamento de Tegucigalpa se inundó.

Erick Midence, de 58 años, de Oxnard, California, dijo que el programa lo ayudó a sacar adelante su empresa constructora sin tener que vivir pendiente de la llegada de agentes del servicio de inmigración.

“Si bien algunos sufrieron percances, a otros de nosotros nos ayudó el huracán Mitch”, expresó Midence, quien también es hondureño.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de la Inmigración, dijo que el programa tiene que ser reformulado para que vuelva a ser una solución temporal. Una alternativa, sostuvo, sería permitir que quienes llevan mucho tiempo amparados por el programa puedan permanecer y tomar medidas para vigilar el uso que se le da al programa en crisis futuras.

“Es la única forma de evitar esta situación absurda en la que la gente lleva 20 años con un status temporal”, declaró.

Los inmigrantes se preparan para un cambio de política hacia el programa y algunos tratan de beneficiarse de dos fallos favorables de los tribunales que podrían ayudarlos a conseguir la tarjeta verde de residente. Los fallos abarcan a personas casadas con ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos adultos que son ciudadanos de este país.

Midence, por ejemplo, explora esa posibilidad en virtud de que sus hijos son veinteañeros y treintañeros y tienen la ciudadanía estadounidense.

Para muchos, no obstante, esa no es una opción. El inmigrante salvadoreño Edwin Murillo, cobijado por el TPS, tiene un negocio de construcción y dos hijas de diez y cuatro años en Dallas.

“No sabemos qué sucederá mañana”, expresó Murillo, de 42 años y quien lleva casi dos décadas en Estados Unidos. “Pero estamos muy asustados”.

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