NOGALES, México (AP) — Después de seis años de vivir en México, Claudia Amaro Escalera intentará el lunes volver a Estados Unidos con su hijo estadounidense de 13 años por el cruce fronterizo de Nogales, Sonora. Como no tiene visa busca que le concedan un permiso humanitario.

Amaro Escalera, de 37 años, se describe como la "viejita" de los ocho Dreamers, o jóvenes que llegaron a Estados Unidos desde pequeños ilegalmente, que pedirán a las autoridades migratorias que los dejen volver al país donde crecieron.

"Llega un punto de mi vida que en México no tengo pasado ni futuro y no tengo presente", dijo Amaro Escalera, quien vivió toda su vida en Estados Unidos y está en México desde hace 6 años. "He venido aquí con toda la esperanza de que podamos regresar a casa".

Se trata de una acción coordinada por la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés) para presionar a la administración de Obama a que abra las puertas para la reunificación familiar más allá de una reforma migratoria.

Muchos Dreamers han podido beneficiarse de un programa de deportación aplazada estando dentro del país y quizás puedan legalizar su situación dentro de la reforma migratoria que discute el Congreso estadounidense. Pero Amaro Escalera pasa la edad límite de 31 años para calificar y está en México.

Sus opciones y las de los otros siete jóvenes son complicadas porque el plan del Senado federal contempla un perdón especial para "dreamers", o inmigrantes que tienen hijos estadounidenses y que fueron efectivamente deportados.

"Juntos están tocando la puerta y le están diciendo al presidente nosotros tenemos mucho que contribuir al país, déjennos regresar", dijo Margo Cowan, abogada de inmigración que representará a los ocho jóvenes.

Cowan explicó que solicitarán una admisión humanitaria para ingresar al país. Agregó que debido a que la deportación aplazada fue una acción ejecutiva por parte del presidente y no del Congreso este tiene la flexibilidad para ampliarla.

"El presidente tiene el poder de modificarlo y si quiere admitir personas que caen afuera de estos lineamientos, se puede", dijo Cowan.

El Control de Inmigración y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) no comentó sobre los casos específicos de los jóvenes citando leyes de privacidad. Pero dijo en una declaración que "los solicitantes para ser admitidos corren con la responsabilidad de probar que son claramente elegibles para entrar a los Estados Unidos".

"Para comprobar que son admisibles los solicitantes deben sobrepasar todas las bases para no ser admitidos", concluye una declaración oficial.

Amaro Escalera llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 después de que su padre fuera asesinado cuando intentó detener una pelea callejera.

La violencia volvió a perseguir a su familia al regresar a México 26 años después, cuando su esposo fue detenido por la policía en Wichita, Kansas, que lo entregó a las autoridades migratorias y no le quedó otra opción que volver a México. Fue secuestrado luego en Torreón, Coahuila por personas que fingieron ser policías y Amaro Escalera les dio los únicos 5,000 pesos (unos 400 dólares) que tenía para rescatarlo. A las dos semanas les robaron la camioneta dejándolos en la ruina económica.

"Esto ha sido muy duro y traumático para toda mi familia", dijo Amaro Escalera. "No me gusta que mi hijo crezca en esa violencia".

Amaro Escalera da clases de inglés e intentó estudiar ingeniería pero se quedó sin dinero para continuar. Su esposo, de 41 años, tenía una empresa de pintura en Estados Unidos pero en México no lo emplean. Buscan a gente más joven.

Del lado estadounidense de la frontera estará la madre de Amaro Escalera para recibir a su nieto. El esposo se quedará en México contemplando opciones legales para regresar a Estados Unidos.

Adriana Gil Diaz y Maria Peniche, ambas de 22 años y nacidas en el Distrito Federal de México, son otras de las dreamers que intentarán retornar a Estados Unidos.

"Mi sueño es tan grande, cuesta tanto lograrlo que por eso requiere un gran sacrificio", dijo Peniche quien quiere llegar a ser diplomática de las Naciones Unidas.

Ambas regresaron para probar la oportunidad de tener una educación en México, pero las cosas no fueron tan sencillas, por los costos de vida en México, la burocracia y la dificultad para encontrar un empleo.

Gil Diaz tiene interrogantes sobre lo que pueda pasar el lunes en caso de que las autoridades migratorias decidan detenerlos y enviarlos a un centro de inmigración.

"Nunca he estado en un centro de detención, no sé qué esperar", dijo la joven que se crió en Phoenix, Arizona desde los 4 meses de edad.

Esa experiencia la vivieron Luis Gustavo León y Ceferino Santiago, ambos de 20 años, quienes vivieron en Estados Unidos la mayor parte de su vida pero, voluntariamente, decidieron ir a México. El primero quiso continuar su educación universitaria en México y Santiago, para hacerse una cirugía en el oído. Cuando trataron de volver a ingresar a Estados Unidos fueron detenidos.

La mayoría de este grupo de "dreamers" se conocieron en los últimos días en la ciudad fronteriza de Nogales.

Tres de ellos, Lizbeth Mateo, Lulu Martínez y Marco Saavedra forman parte de NIYA y se "auto-deportaron" en solidaridad con los demás.

"No podemos olvidarnos de las personas que han sido deportadas, especialmente los jóvenes que crecieron ahí (en Estados Unidos) como nosotros o los que se vinieron creyendo que no iban a poder realizar sus sueños allá", dijo Mateo.

Mateo, de 29 años, y quien calificaba para el programa de deportación aplazada antes de salir a México, puso en juego su reciente aceptación a la Universidad de Santa Clara para estudiar abogacía para participar de esta acción.

"No esperamos a que el Congreso actúe, a que el presidente actúe porque nos han dado tantas promesas y todas las promesas no las han cumplido", dijo Mateo. "No podemos esperar a que el gobierno nos dé permiso de poder estar con nuestras familias, tenemos que tomar acción."

Mateo dijo estar desilusionada con la administración de Obama por continuar deportando "dreamers" aún cuando se ha dicho que no es prioridad deportar a personas sin antecedentes criminales.

Entre 2008 y 2012 la cantidad anual de deportaciones aumentó hasta poco menos de 400.000, en comparación con las 200.000 registradas en 2007, la cifra más alta durante los dos periodos del presidente George W. Bush.

Amaro Escalera no sabe qué esperar cuando se presente ante las autoridades fronterizas el lunes.

"Tengo pendiente que me rompan todas mis esperanzas, que me rompan mi sueño, porque no nada más van a romper mis esperanzas son las de mis hijo", dijo.