BOGOTÁ (AP) — Cuando Gloria Salamanca hacía fila para anotarse como víctima del conflicto armado en Colombia y solicitar una indemnización, un hombre la abordó y le prometió acelerar el trámite a cambio de unos dólares. Ella accedió y desembolsó el dinero.

Su reclamo es uno de los 5.000 que desde 2012 ha recibido la Unidad para las Víctimas, según informó la víspera este organismo público dedicado a respaldar a los perjudicados por el conflicto entre el gobierno y la guerrilla con programas de apoyo y dinero.

Los engaños más comunes ocurren cuando estafadores que se hacen pasar por abogados piden dinero a las víctimas para agilizar la burocracia o cuando convencen a ciudadanos comunes de fingir ser damnificados para obtener beneficios que no les corresponden, explicó a The Associated Press Jorge Sánchez, portavoz del organismo.

“Es tanto el abuso, es tanta la credibilidad que dan esos abogados, que uno cae como un pescado”, dijo a la AP Gloria Salamanca, viuda de 57 años convencida de que a su hijo se lo llevó la guerrilla. “Yo me metí hasta allá, un corregimiento en la selva, y me dijeron que los del monte le habían pegado un tiro y lo habían echado al río”, dice.

Antes de aceptar el ofrecimiento del desconocido, asegura, había ido de una institución a otra para obtener su indemnización sin éxito.

A la larga, a pesar de la estafa, la familia de Salamanca logró una indemnización de unos 6.900 dólares por la desaparición del chico.

Hoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del continente, se ha desarmado y desde el 1 de septiembre se convertirá en un movimiento legal. Un acuerdo de paz firmado con el gobierno a finales de 2016 cerró medio siglo de enfrentamiento armado.

En total, la Unidad para las Víctimas tiene registrados más de ocho millones de afectados por la guerra. Los muertos superan los 250.000, los desaparecidos, los 60.000 y unos siete millones de colombianos abandonaron sus hogares por la violencia.

En los últimos años, más de un centenar de personas han sido detenidas por fraude a la Unidad para las Víctimas, incluidos funcionarios de la misma institución, por estafa, acceso abusivo al sistema de información, falso testimonio, falsedad documental, hurto y fraude a subvenciones entre otros.

La organización intenta evitar este tipo de acciones con campañas en las que deja claro que no aceptan intermediarios, pero en lugares como Soacha —una localidad al sur de Bogotá que creció por la llegada masiva de desplazados por la violencia— circula un panfleto firmado por un colectivo de abogados. “¿Es usted víctima del conflicto y sufrió por ellos lesiones físicas y/o sicológicas? ¡Llámenos!”, dice el papel.

En el caso más emblemático de estas estafas fue cerrado este año, cuando la justicia condenó a más de ocho años de cárcel a una docena de personas que se había declarado víctima de una de las masacres más emblemáticas de la historia reciente, ocurrida en Mapiripán, un pueblo del centro del país tomado y arrasado por 120 paramilitares en junio de 1997.

Un falso “tramitador”, como se conocen a los abogados fraudulentos, pidió perdón a las víctimas y colaboró a principios de año con la justicia para reducir su pena por estafa. “De forma deliberada promovimos a personas que sabíamos que eran falsas víctimas declararan para acceder a los programas y recursos a los que no tenían derecho”, dijo ante un juez a principio de año, cuando solicitó el anonimato por haber delatado a algunos de sus antiguos compañeros de treta.

“La ley de víctimas está fundamentada en el principio de buena fe. Nunca se hubiera pensado que alguien que no hubiera sufrido la violencia se aprovechara de ella en el marco de un conflicto como el nuestro”, lamenta Sánchez, portavoz de la Unidad.