BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal federal otorgó el viernes la libertad al ex vicepresidente argentino Amado Boudou, quien guardaba prisión preventiva desde hacía dos meses por los supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado.

La medida fue dispuesta por la Cámara Criminal y Correccional Federal, la cual revocó la detención del exfuncionario pero mantuvo los cargos en su contra, por lo que seguirá bajo investigación en libertad.

Boudou, quien también se desempeñó como ministro de Economía durante parte del mandato de Cristina Fernández (2007-2015), fue uno de los blancos de la fuerte ofensiva judicial que se desató en los últimos meses contra exfuncionarios kirchneristas por supuestos actos de corrupción.

El ex vicepresidente había sido detenido a principios de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo, quien lo acusó de liderar una asociación ilícita que funcionó al menos desde 2009, cuando asumió como ministro de Economía, hasta diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente. Además, le endilgó maniobras de lavado para disimular los movimientos de dinero y ocultar tanto los bienes como sus beneficiarios.

Ya detenido, Boudou sumó otra acusación por defraudación a la administración pública mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos.

El argumento esgrimido por el juez Lijo para detener a Boudou fue el riesgo de alterar las pruebas en su contra pese a que ya no está en el poder.

El tribunal federal, no obstante, consideró para otorgar la excarcelación que “la circunstancia de que Boudou haya ocupado cargos de especial jerarquía dentro de la estructura orgánica del Estado tampoco permite por sí misma inferir que el nombrado disponga de las conexiones necesarias para eludir u obstaculizar el proceso, lo cual hubiera requerido de algún indicador concreto en orden a verificar esa posibilidad, circunstancia que aquí no se advierte”.

Boudou también afronta actualmente un juicio por la presunta adquisición irregular de la única imprenta de billetes de curso legal del país, uno de los casos de supuesta corrupción más sonados durante el mandato de Fernández.

Entre los exfuncionarios más poderosos del gobierno de Fernández continúan en prisión Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal acusado de presunta defraudación al Estado y malversación de fondos. También Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de la presidencia, por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos.

La exmandataria también enfrenta varias causas judiciales por supuestos actos de corrupción y el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío en 1994. No obstante, como ya asumió la banca de senadora que obtuvo en las elecciones legislativas de octubre, cuenta con inmunidad parlamentaria para ser detenida.

Fernández debería ser sometida a juicio político en el Senado y destituida por dos tercios de los legisladores presentes para poder ser arrestada.